3 argumentos que dan la razón a la oposición al denunciar a Goldman Sachs

La posición pública de los principales voceros de la oposición y, particularmente, la carta que dirigió el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, a Lloyd Blankfein, director ejecutivo de Goldman Sachs —denunciando en los términos más categóricos la transacción de venta a descuento por parte del Banco Central de Venezuela (BCV) sobre un bono de PDVSA por 2.800 millones de dólares—, ha despertado una ola de reacciones en Venezuela y en algunos centros financieros globales.

La oposición política venezolana ha denunciado categóricamente la operación de liquidación del bono PDV22; ha relacionado el hecho con las masivas violaciones de derechos humanos en Venezuela y ha puesto en entredicho la legalidad de la transacción, reservándose para sí una posible revisión de la misma en el futuro.

Para mi sorpresa, las críticas más virulentas a este hecho han venido de círculos más o menos sofisticados, de gente bastante sagaz e informada. A Borges lo acusan de “ingenuo”, de no conocer “el funcionamiento del mercado” o de ser una especie de santurrón que “no sabe que hablar de ética en finanzas es inútil”. De nuestros vivaces analistas y colegas leí cosas insólitas como que la oposición va a lograr que Goldman Sachs “atornille por siempre a Maduro en Miraflores”, o que lo que verdaderamente pasó fue que “el BCV fregó a Goldman Sachs al venderle papeles que no valen nada”.

En ese grupo hay de todo. Desde los que hablan de buena fe, pero desconociendo que hay fundadas razones económicas para la conducta del liderazgo opositor, hasta los que hablan desde la distancia, el resentimiento, el conflicto de interés, o una mezcla de todas las anteriores.

Pero no se distraiga el lector del punto central de estas líneas: existen muchas razones para afirmar, incluso desde la ortodoxia económica, que la oposición hace lo correcto al denunciar la transacción BCV-Goldman Sachs. Es más, se puede afirmar que dada su posición actual, sería absurdo no hacerlo.

Vayamos al grano. Existen al menos tres razones para afirmar que Borges, como vocero de la Asamblea Nacional, actúa correctamente al tratar de elevar el costo reputacional de Goldman Sachs y al Banco Central de Venezuela por la operación de marras.

La primera razón tiene que ver con el hecho de que esta historia no termina aquí. Esta transacción se enmarca en algo que en teoría de juegos se llamaría un juego repetido, donde ninguno de los jugadores tiene control total sobre el resultado final. En un juego repetido la reputación es fundamental y es por esto que las fuerzas democráticas venezolanas hacen bien en señalar a GS (y al resto de Wall Street) que ellos serán los que determinen (al menos parcialmente) la matriz de pago en el futuro. Claro, si GS supiera con certeza cuál es el resultado final, la amenaza no sería creíble, pero éste no es el caso.

La segunda razón tiene que ver con la existencia de una amenaza latente. Nuestros iluminados analistas deberían saber que existe en el sistema financiero local al menos otro bono similar, también denominado en dólares, y dado en emisión privada a un banco público por un monto de 5.000 millones de dólares con vencimiento en 2036. Dicho bono debe estar listo para ser liquidado por el BCV a precios de gallina anoréxica, lo cual, qué duda cabe, resultaría en un grave daño para la Nación.

Evitar a toda costa la liquidación de este bono está en el máximo interés de una oposición que aspira a ser gobierno en el futuro cercano. Como explicaba en mi anterior artículo, en el momento que ese bono salga de las arcas del sector público, se producirá un deterioro profundo en la posición financiera del Estado venezolano y un aumento en el ya imposible servicio de deuda, lo cual pondría en riesgo las propias probabilidades de la oposición para estabilizar con éxito la economía en el futuro.

La tercera y última razón tiene que ver con que existe la probabilidad de que en el futuro de Venezuela vaya a un proceso ordenado, negociado, transparente y amistoso de negociación de su deuda externa. Si este proceso se da mañana, la oposición está en la obligación de señalar hoy la opacidad legal de todas las artimañas financieras que se han cometido desde que el chavismo no controla la Asamblea Nacional. De hecho, señalar hoy, a viva voz, toda posible irregularidad es la estrategia dominante de la oposición con miras a ese proceso, pues fortalece su posición negociadora en el futuro.

Por supuesto que hay una dimensión ética de todo este asunto, que a mí no me parece que sea la determinante. Pero sepa el lector que aunque en la práctica la oposición está hablando de ética, lo hace con el respaldo de tener sólidos fundamentos económicos para pensar que actúa correctamente.

Venezuela tendrá que enrumbarse, más temprano que tarde, hacia un proceso de estabilización y reformas que la lleve a recuperar rápidamente las condiciones materiales de vida de su maltrecha población. Recuperar un crecimiento vigoroso y sostenido, de la manera más rápida posible, solo será posible si el país cuenta con acceso masivo y sin restricciones a todas las fuentes posibles de financiamiento, incluyendo a los mercados financieros internacionales.

Pero desconfíe de quien diga que necesariamente la oposición tendrá que acudir a Wall Street, arrastrándose e implorando clemencia, pues probablemente hable desde el conflicto de interés. Existe talento y probidad suficiente en Venezuela para que, llegado el momento, se pueda enfrentar cualquier proceso de negociación ordenado, transparente y amistoso, con posiciones técnicamente sólidas y genuinamente nacionalistas.

(Texto aparecido originalmente en el portal Prodavinci.com el 31-05-2017)

El crimen si paga

La frialdad de las estadísticas, por muy abultadas que estas sean, actúa como un velo que aletarga. En el caso de las estadísticas de homicidios en Venezuela, pareciera que ya nadie se espanta al contar los cuerpos por decenas de miles. Más de veinticuatro mil, según algunas fuentes, son los caídos por las balas en 2013.

De repente, el vil asesinato a mansalva de una querida figura pública y su esposo, a manos de brutales delincuentes, junto con el absurdo y doloroso hecho que una inocente niña de 5 años haya terminado con una bala en su pierna –y la lacerante certeza de que esa no fue, ni de lejos, la peor herida que recibió esa niña de manos de sus victimarios-, irrumpe como el abrumador hecho singular, que por su absurda carga de violencia, y quizás por la notoriedad de las víctimas, nos estremece como sociedad y pone sobre la mesa de nuestra conciencia colectiva la relativa invisibilidad de esos más de 24.000 ataúdes de 2013, y los más de 150.000 de los últimos tres lustros.

La verdad sea dicha: en Venezuela, en esta Venezuela, el crimen si paga, y paga muy bien. Es así, porque no puede ser de otra manera. En Venezuela, el crimen florece como actividad, porque todo está dispuesto para que así sea.

Y no es que en Venezuela los criminales sean genéticamente distintos, o culturalmente más propensos a la maldad. En nuestro país, como en cualquier otra parte del mundo, el crimen - llámese robo, secuestro, extorsión o narcotráfico y los demás- es una actividad que existe porque ofrece –potencialmente- altos retornos económicos a los delincuentes. Así que no nos equivoquemos, el crimen y los criminales son iguales en Venezuela y en todas partes. Los delincuentes se dedican a una actividad que les resulta potencialmente muy lucrativa. Esto de los “retornos del crimen” se ve agravado, además, por el hecho que el crimen reditúa no solo beneficios económicos, sino que en los círculos donde impera la cultura de la violencia, el criminal parece obtener un paquete de beneficios “no pecuniarios”, conformados por el prestigio y el estatus que le otorga la crueldad y el percibirse por encima de la ley.

Pero el panorama en Venezuela luce desolador. En este país el crimen es una actividad floreciente porque opera con un costo cercano a cero. Las astronómicas tasas de impunidad, el colapso y politización del sistema de investigación judicial y de acusación criminal, esa vergüenza inhumana que llaman nuestro sistema carcelario, el colapso crónico de los juzgados, la penetración de los principales cuerpos policiales nacionales por parte de grupos criminales organizados, y la quiebra operativa y financiera de cuerpos policiales menores, se conjugan todos en una sola cosa: En Venezuela, para todo efecto práctico, el criminal opera sin riesgo discernible de sufrir alguna consecuencia por sus actos. La muerte, tal vez el único riesgo que afrontan los criminales, pareciera haber sido ya descontada en su cálculo de valor presente de una vida que la mayoría sabe será corta, muy corta.

En Venezuela el crimen florece porque goza de un ambiente con abundancia plena de insumos y bienes complementarios para esa actividad. En Venezuela es extremadamente fácil adquirir un arma y sus municiones. El mercado de provisión de armamentos es profundo y diversificado – además de barato—Así, sin regulación alguna por parte de las autoridades responsables, hay evidencias de un flujo infinito de armas mortales hacia el mercado interno. Ese flujo es controlado por mafias que, se presume, están en manos de los mismos que debían controlarlo. En Venezuela es más fácil adquirir un arma que algunos insumos básicos para la alimentación. Eso vale desde un yerro con los seriales limados y varios muñecos encima, hasta –si usted es un criminal con buenas conexiones- un AK-47. El show de las políticas de desarme ha sido hasta ahora solo eso, un show.

En Venezuela florece el crimen porque las actividades sustitutas del crimen no ofrecen, ni remotamente, un rendimiento que pueda ser percibido como competitivo a esta actividad. Y aquí hablo de que, dado el modelo de crecimiento improductivo que hemos tenido en los últimos tres lustros, no hay nada en el mundo lícito que pueda parecerle atractivo, desde el punto de vista material, a un delincuente. Qué quede claro en este punto que, solo en un entorno de alto crecimiento económico, con expansión del empleo productivo, formal y moderno, y estabilidad macroeconómica, empezarán a surgir actividades lícitas cuyo retorno –en ingresos- y menor riesgo –de muerte o aprensión- convoquen a los delincuentes a enderezar el rumbo de sus vidas. Solo en un entorno así, la educación, esa a la que las autoridades apelan hoy en día en un intento bufo por diluir su propia responsabilidad, puede tener algún efecto sobre la criminalidad. Sin la economía en orden, no hay educación que valga.

Confieso que soy un conocedor más bien superficial de los trabajos de Gary Becker, pero sirva este parafraseo personal de lo que el autor llamó “la criminalidad como fenómeno de elección racional”, como un intento, tal vez desde mi propia frustración, para señalar que todos, absolutamente todos los factores que determinan los barbáricos índices de delincuencia que observamos, se encuentran en el ámbito -y son el más puro objeto- de las política públicas de un país. No existe nada de lo mencionado aquí, que no sea susceptible a ser modificado -para mejor y al menos parcialmente- por la acción del Estado y sus políticas. Ese cuento de que nada se puede hacer con la criminalidad porque es un “problema con profundas raíces en la sociedad”, es una trampa caza bobos, una coartada perfecta para cubrir a los que han cometido las criminales omisiones que nos han traído hasta este punto.

Es por lo anterior que me parecen que son de una irresponsabilidad pasmosa –además de una estupidez- esos hipócritas llamados a “no politizar” el tema de la inseguridad a propósito de las horrendas muertes de Spear y su esposo. La seguridad pública y, en particular, el denunciar el rotundo fracaso de las políticas en esa materia en los últimos 15 años, son la quintaescencia del debate político actual, pues cuestionan al poder por sus resultados. No se me ocurre un debate más político que este, pues ¿Y qué es la política sino una discusión abierta y transparente sobre visiones distintas sobre las políticas públicas?

Sirva el estupor, el dolor y la rabia colectiva que produce el salvaje asesinato de una pareja inocente y la orfandad de una niña aún más inocente, para señalar que el fracaso de nuestra sociedad para proteger el más básico de los derechos, el derecho a la vida, no es otro que el fracaso de aquellos que han estado al frente de la responsabilidad de diseñar, implementar y seguir las políticas públicas de mi país. Ellos, y no nosotros, son los únicos responsables. Que nadie se deje chantajear por lo que no es más que intento inaceptable de escurrir el bulto, diluir las culpas, y responsabilizar a las víctimas.