3 argumentos que dan la razón a la oposición al denunciar a Goldman Sachs

La posición pública de los principales voceros de la oposición y, particularmente, la carta que dirigió el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, a Lloyd Blankfein, director ejecutivo de Goldman Sachs —denunciando en los términos más categóricos la transacción de venta a descuento por parte del Banco Central de Venezuela (BCV) sobre un bono de PDVSA por 2.800 millones de dólares—, ha despertado una ola de reacciones en Venezuela y en algunos centros financieros globales.

La oposición política venezolana ha denunciado categóricamente la operación de liquidación del bono PDV22; ha relacionado el hecho con las masivas violaciones de derechos humanos en Venezuela y ha puesto en entredicho la legalidad de la transacción, reservándose para sí una posible revisión de la misma en el futuro.

Para mi sorpresa, las críticas más virulentas a este hecho han venido de círculos más o menos sofisticados, de gente bastante sagaz e informada. A Borges lo acusan de “ingenuo”, de no conocer “el funcionamiento del mercado” o de ser una especie de santurrón que “no sabe que hablar de ética en finanzas es inútil”. De nuestros vivaces analistas y colegas leí cosas insólitas como que la oposición va a lograr que Goldman Sachs “atornille por siempre a Maduro en Miraflores”, o que lo que verdaderamente pasó fue que “el BCV fregó a Goldman Sachs al venderle papeles que no valen nada”.

En ese grupo hay de todo. Desde los que hablan de buena fe, pero desconociendo que hay fundadas razones económicas para la conducta del liderazgo opositor, hasta los que hablan desde la distancia, el resentimiento, el conflicto de interés, o una mezcla de todas las anteriores.

Pero no se distraiga el lector del punto central de estas líneas: existen muchas razones para afirmar, incluso desde la ortodoxia económica, que la oposición hace lo correcto al denunciar la transacción BCV-Goldman Sachs. Es más, se puede afirmar que dada su posición actual, sería absurdo no hacerlo.

Vayamos al grano. Existen al menos tres razones para afirmar que Borges, como vocero de la Asamblea Nacional, actúa correctamente al tratar de elevar el costo reputacional de Goldman Sachs y al Banco Central de Venezuela por la operación de marras.

La primera razón tiene que ver con el hecho de que esta historia no termina aquí. Esta transacción se enmarca en algo que en teoría de juegos se llamaría un juego repetido, donde ninguno de los jugadores tiene control total sobre el resultado final. En un juego repetido la reputación es fundamental y es por esto que las fuerzas democráticas venezolanas hacen bien en señalar a GS (y al resto de Wall Street) que ellos serán los que determinen (al menos parcialmente) la matriz de pago en el futuro. Claro, si GS supiera con certeza cuál es el resultado final, la amenaza no sería creíble, pero éste no es el caso.

La segunda razón tiene que ver con la existencia de una amenaza latente. Nuestros iluminados analistas deberían saber que existe en el sistema financiero local al menos otro bono similar, también denominado en dólares, y dado en emisión privada a un banco público por un monto de 5.000 millones de dólares con vencimiento en 2036. Dicho bono debe estar listo para ser liquidado por el BCV a precios de gallina anoréxica, lo cual, qué duda cabe, resultaría en un grave daño para la Nación.

Evitar a toda costa la liquidación de este bono está en el máximo interés de una oposición que aspira a ser gobierno en el futuro cercano. Como explicaba en mi anterior artículo, en el momento que ese bono salga de las arcas del sector público, se producirá un deterioro profundo en la posición financiera del Estado venezolano y un aumento en el ya imposible servicio de deuda, lo cual pondría en riesgo las propias probabilidades de la oposición para estabilizar con éxito la economía en el futuro.

La tercera y última razón tiene que ver con que existe la probabilidad de que en el futuro de Venezuela vaya a un proceso ordenado, negociado, transparente y amistoso de negociación de su deuda externa. Si este proceso se da mañana, la oposición está en la obligación de señalar hoy la opacidad legal de todas las artimañas financieras que se han cometido desde que el chavismo no controla la Asamblea Nacional. De hecho, señalar hoy, a viva voz, toda posible irregularidad es la estrategia dominante de la oposición con miras a ese proceso, pues fortalece su posición negociadora en el futuro.

Por supuesto que hay una dimensión ética de todo este asunto, que a mí no me parece que sea la determinante. Pero sepa el lector que aunque en la práctica la oposición está hablando de ética, lo hace con el respaldo de tener sólidos fundamentos económicos para pensar que actúa correctamente.

Venezuela tendrá que enrumbarse, más temprano que tarde, hacia un proceso de estabilización y reformas que la lleve a recuperar rápidamente las condiciones materiales de vida de su maltrecha población. Recuperar un crecimiento vigoroso y sostenido, de la manera más rápida posible, solo será posible si el país cuenta con acceso masivo y sin restricciones a todas las fuentes posibles de financiamiento, incluyendo a los mercados financieros internacionales.

Pero desconfíe de quien diga que necesariamente la oposición tendrá que acudir a Wall Street, arrastrándose e implorando clemencia, pues probablemente hable desde el conflicto de interés. Existe talento y probidad suficiente en Venezuela para que, llegado el momento, se pueda enfrentar cualquier proceso de negociación ordenado, transparente y amistoso, con posiciones técnicamente sólidas y genuinamente nacionalistas.

(Texto aparecido originalmente en el portal Prodavinci.com el 31-05-2017)

La Asamblea Nacional y agenda económica de mediano plazo (1/3)

Diputado José Guerra

Todos coinciden: el triunfo político de la Unidad el pasado 6D fue categórico, de gran trascendencia, un verdadero misil a la línea de flotación del chavismo. Pero sobre lo que parece hay menos acuerdo es sobre en qué consiste exactamente el mandato mayoritario recibido por la oposición.

O mejor dicho, cada uno interpreta dicho mandato de acuerdo a sus propias prioridades o partido. Están, por un lado, los que quieren que la AN sea el ariete de la transición política post-chavismo; por otro lado, están los que quieren que la AN legisle para aliviar la grave crisis de servicios públicos y abastecimiento que padecemos; luego, están los que quieren que aumente las fiscalizaciones del poder y persiga a los corruptos; le siguen los que exigen concentrar sus esfuerzos en la defensa de los DD.HH. y la liberación de presos políticos y; por último, los que quieren que la oposición, desde el púlpito de la AN, proponga, asuma y ordene la ejecución del programa de medidas de ajuste económico para sacar a Venezuela del atolladero. Es a estos últimos a quienes va dirigido mi comentario.

Lo cierto es que, hasta ahora, la AN ha tenido que jugar al equilibrista para avanzar en todos esos frentes simultáneamente. El mandato, resulta ahora obvio, es tan diverso como diversa es la coalición de los mandantes. Pero, repito, es sobre el rol económico de la nueva AN a lo que quiero referirme en este texto.

Creo firmemente en que la desquiciada forma oficialista de conducir la economía, debe encontrar en la nueva AN un muro de contención en lo conceptual, en lo político y en lo programático. Creo también que el personaje de la foto que acompaña este post, tiene un rol particularmente relevante en este sentido. Creo además, que en un año como 2016, cuando la economía se encuentra al borde de la desintegración, la AN emerge naturalmente como la única referencia de una forma alternativa de hacer las cosas.

Dicho lo anterior, soy de los que piensan que si bien el control sobre la AN le otorga amplios atributos a la oposición, su margen de maniobra para implementar cambios de políticas económicas es muy limitado. No es el objetivo de este post discutir sobre la diferencia entre diseño e implementación de políticas, ni sobre quién tiene el monopolio de lo segundo, así que me limitaré a decir que es sencillamente imposible pensar en dirigir, promulgar y/o promocionar un ajuste económico como el que requiere Venezuela, desde un poder distinto al ejecutivo. La tesis de que se puede llevar al ejecutivo de Maduro y Co. a un ajuste económico nariceado desde la AN es simplemente irreal, irrealizable e inconveniente.

Pero creo que hay mucho que la oposición puede hacer en materia económica desde la AN. Algunas cosas ya han sido señaladas por colegas o están en la agenda legislativa de la Unidad. Pero quisiera enfocarme en la agenda de mediano plazo, porque creo que la oposición debe utilizar su nueva tribuna para prepararse para gobernar a Venezuela. La unidad debe aprovechar la oportunidad estratégica que le otorgan sus recién estrenados poderes legislativos para empezar la reconstrucción -o construcción- de la institucionalidad económica sobre la cual gobernará. Recuérdese que partimos desde un punto donde lo poco que había en pie antes de 1999, ha sido completamente destruido tras 17 años de barbarie en política económica. Legislar en este sentido, no solo me parece que es prioritario, sino que sería una señal clara de la vocación de poder y de la orientación económica de un futuro gobierno de la Unidad.

Fíjese que paradójicamente, la catastrófica baja en los precios del petróleo que, al demoler lo que quedaba del "modelo" económico chavista, tiene a nuestra población sufriendo las peores penurias, ofrece una oportunidad de oro para hacer lo que nunca hemos hecho: construir instituciones económicas para la moderación en tiempos de abundancia.

Venezuela, la fiesta, la resaca

Venezuela, siempre se ha dicho, es como el tipo irresponsable que se gana la lotería y se gasta todo lo ganado -y más- en una bacanal interminable de la cual solo le queda la resaca. Aún más grave, el tipo del cuento -Venezuela-, se ha ganado esa lotería no una vez, sino varias veces, y una y otra vez se mete la misma rumba y termina con el mismo ratón.

Venezuela, por supuesto, no tiene que estar condenada a repetir la misma conducta. Yo argumento que la actual coyuntura ofrece la oportunidad de prepararnos para  el próximo ciclo. Podemos crear los mecanismos para que cuando la suerte vuelva, que siempre vuelve, tratar de llevar la fiesta en paz, disfrutar con moderación, y evitar a toda costa que la fiesta termine como terminaban casi siempre las fiestas en mi pueblo: en llanto y botellazos. Es cierto que no hay nada más difícil, políticamente hablando, que legislar para tiempos de vacas flacas, cuando las vacas, robustas y con visible sobrepeso, están sentadas a la mesa gozando del banquete. No hay nada menos popular que un político aguafiestas. Debe ser por eso que CAP I dijo aquello de “administrar la abundancia con criterio de escasez”, justo antes de hacer exactamente lo contrario.

Pero siguiendo la misma lógica es en un momento como el actual, de precios bajos del petróleo, donde puede resultar políticamente viable proponer mecanismos contra los excesos en tiempos de abundancia, ya que esos tiempos lucen hoy implausibles y lejanos. La actualidad ofrece ventajas en tres sentidos: (i) legislar con respecto al uso de ingresos extraordinarios no representa una amenaza inmediata para nadie en este momento, pues son mecanismos que están lejos de hacerse efectivos; (ii) erigir una arquitectura fiscal para la estabilidad no requiere un esfuerzo fiscal hoy, y por tanto no representa conflicto distributivo alguno, y; (iii) tomar medidas de esta naturaleza no amenaza los resultados electorales de ningún grupo o facción.

La referencia a la lotería más arriba era una forma coloquial de decir que el principal problema de las finanzas públicas venezolanas es su alto grado de vulnerabilidad frente a los vaivenes del mercado petrolero global. Como consecuencia, el desempeño fiscal venezolano ha sido inestable, poco creíble y nada transparente. Venezuela no es, por supuesto, el único país que enfrenta problemas similares en el plano fiscal. La mayoría de los países de nuestra propia región enfrentan problemas similares, y muchos, los más serios, han puesto en pie un andamiaje institucional para tratar de mitigar los efectos perversos de la volatilidad de los precios de los commodities sobre las gestiones fiscales.

A riesgo de generalizar un contexto institucional que tiene claros matices entre países, yo diría que la respuesta de política típica para enfrentar el problema fiscal en países que dependen del ingreso volátil de un commodity, se basa en los siguientes tres pilares:

Ley de Responsabilidad y Prudencia Fiscal: Para reglamentar los parámetros de comportamiento de las gestiones fiscales de todos los niveles de gobierno: nacional, regional y municipal. Este tipo de instrumentos generalmente impone límites implícitos a los ejercicios fiscales deficitarios, al poner parámetros nominales al crecimiento de algunos rubros del gasto corriente y reglamentar el uso del endeudamiento adicional. En muchos países, estas leyes reglamentan lo que el ejecutivo puede hacer y no hacer fiscalmente en un año electoral.

Ley de Estabilidad Fiscal: Para adoptar una regla fiscal estructural que permita aislar las finanzas públicas de los efectos transitorios de la volatilidad petrolera y del ciclo económico. La de la regla fiscal estructural es crear las condiciones para que el estado ahorre en momentos de boom, y gaste más cuando el ciclo se revierta. Esta ley debe incluir la creación del Fondo de Estabilización Fiscal, que permitiría un marco transparente de acumulación y desacumulación de los ingresos fiscales extraordinarios -cuando los hubiera-.

Ley del Consejo Nacional de Política Económica: Para crear un panel de asesores, con participación del ejecutivo y el legislativo, pero esencialmente independiente de ambos, para proveer un bien público de particular importancia para la estabilidad económica en Venezuela: los supuestos de base para la formulación del presupuesto de la nación. Solo independizando la fuente de los supuestos macroeconómicos (inflación, tipo de cambio, precio del petróleo, crecimiento del PIB, etc.), de la formulación del presupuesto en sí mismo, se podrá evitar, por ejemplo, el abusivo uso discrecional de niveles artificiales de precio del petróleo para despojar a las regiones de los recursos que le corresponden. Un ente como este debe estar a cargo de formular también los supuestos de base para la regla fiscal estructural y el fondo de estabilización, descritos en el punto anterior.

A mi juicio, empezar a debatir una agenda de reformas económicas de mediano plazo es una forma efectiva y de bajo costo de invertir el capital político de la oposición. Empezar a reconstruir la institucionalidad económica  del país será una señal clara de que la transición ha comenzado.

Empecemos. 

Sobre crisis externas y opciones morales

Este post fue realizado a cuatro manos con mi apreciado colega, excelente economista y amigo @propiavoz. La idea es hacer progresivamente de Distortioland un espacio contributivo para la discusión de los enormes retos de política económica que enfrenta nuestro atribulado país.

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La economía venezolana experimenta los más severos síntomas de una crisis externa. La escasez relativa de divisas ha producido una ruptura de todos los canales de abastecimiento de bienes transables, desde alimentos, hasta medicinas, pasando por repuestos y equipos de todo tipo. El gobierno está en mora con todo el sector privado venezolano, acumula una deuda que no hace más que crecer con el paso de los días, e incumple garrafalmente sus compromisos con proveedores. El panorama es de escasez masiva de productos, inflación galopante y parálisis productiva generalizada.

En este contexto, surgen opiniones sobre la validez moral de las decisiones de un gobierno que, por un lado somete a su propia población a los rigores de una situación extrema de carestía material, inflación y desempleo y, por el otro lado, elige cumplir voluntariamente con el cronograma de sus obligaciones financieras externas. 

La pregunta que se pone sobre la mesa es: ¿Debe un gobierno honrar sus compromisos financieros externos cuándo su población no consigue medicinas para la tensión, la diabetes o el cáncer? Y la verdad, dado lo grave de la situación, ésta resulta una pregunta dramática y oportuna, pero que pudiera ser una disyuntiva que descansa sobre premisas incorrectas.

Venezuela presenta desequilibrios macroeconómicos extremos los cuales, dado el actual contexto, están lejos de solucionarse. Pero, estrictamente hablando, Venezuela no está todavía en el punto dónde tenga que elegir entre pagar la deuda externa o importar alimentos (por ahora). No es que Venezuela no disponga de dólares suficientes, es que bajo el actual esquema de control cambiario, la distorsión de precios relativos es gigante y se profundiza cada día, produciendo que la demanda de dólares supere toda capacidad de oferta –en el extremo, si seguimos por esta ruta, la demanda de US$ tenderá a infinito-. La razón es que bajo el actual esquema cambiario, las oportunidades de arbitraje también tienden a infinito. El efecto es que bajo el actual esquema de control de cambios, y en un contexto de inflación que se acelera, se están produciendo fuertes salidas encubiertas de capital. 

El problema no es que no se estén asignando cantidades suficientes de dólares para la economía, es que bajo el actual esquema, el adjetivo “suficiente” dejó de tener mucho sentido. Bajo el actual estado de cosas, los incentivos para desviar fondos, fingir importaciones, sobrefacturar envíos, y toda suerte de trácalas, son también infinitos.  El control de cambios crea oportunidades de arbitraje tan grandes, que agotan cualquier cantidad de dólares que usted le meta al sistema. El control de cambios es, literalmente, un barril sin fondo. Aun si Venezuela dejara de servir su deuda en el futuro próximo y dedicara esos 10.000 millones de dólares adicionales a alimentar el actual sistema, muy probablemente no observaríamos mejoría alguna en la  situación de abastecimiento. Serían 10.000 millones de dólares adicionales destinados al arbitraje y al fin último de financiar las salidas de capitales que promueve una economía incapaz de generar confianza en sus nacionales.

La verdadera elección moral que hace el gobierno cada día es entre anaqueles vacíos y mantener un brutal esquema de extracción de rentas en manos de una camarilla de burócratas bien conectados. Porque el control de cambios es solo eso: una gran aspiradora de renta, una manguera que tiene su  boca de succión en la puerta de Cencoex, y el otro extremo en algún banco de las Islas Caimán, Andorra o Macao.  

La elección moral del gobierno no es entre que las madres venezolanas encuentren leche para sus bebés o pagarle a Wall Street. La verdadera elección moral –o inmoral- que está haciendo el gobierno es entre el abastecimiento de productos básicos y mantener un asfixiante esquema que si algo puede garantizar es el desabastecimiento de los mismos.

¿Está Venezuela al borde del default? No, no todavía. Venezuela se encuentra, sin duda, en una trayectoria insostenible, pero todavía tiene abierta opciones de política que, si bien no necesariamente no significan alcanzar la estabilidad macro, podrían al menos disminuir -al menos temporalmente- las distorsiones de precios relativos que están en el centro de la crisis externa y de la verdadera disyuntiva moral del gobierno.

¿Es el default una opción superior? El problema es que repudiar el pago de compromisos externos no es una opción libre de consecuencias. De hecho, un default a las acreencias externas podría no sólo cerrar el acceso inmediato a todos los mercados globales de financiamiento para el sector público y privado, sino que podría disparar una avalancha de demandas de pagos anticipados que incrementaría la presión externa sobre la economía, si acaso agravando los mismos síntomas de escasez, inflación y recesión que estamos experimentando hoy en día.

Las huellas del default son de difícil cicatrización. La salida de los mercados de crédito internacional no es una puerta batiente. La adicional pérdida de confianza hace que el reingreso futuro sea incierto y a muy alto costo. Una economía que, en una hipotética transición, necesitará ingentes flujos de financiamiento externo para el desarrollo de su industria petrolera, la recuperación de su infraestructura y la reconstrucción de su aparato productivo, no debería arriesgarse a incumplir acuerdos hoy que le puedan significar barreras de acceso al financiamiento futuro. Es una opción que no luce recomendable. 

El default es a los bonos lo que la expropiación es a la inversión directa. Una confiscación de derechos de propiedad que no sólo tiene implicaciones morales, sino que incrementará los costos del desarrollo futuro. Es válido preguntarse si realmente lo qué necesita Venezuela en este momento es una violación adicional y más visible a los derechos de propiedad.