Para terminar esta serie de posts, voy a mencionar un factor que, sin estar directamente relacionado a aspectos de política económica, me parece que tiene una importancia capital para la Asamblea Nacional, dado el tipo de retos que le tocará enfrentar.
Venezuela atraviesa una crisis económica de inmensas proporciones, con profundos y perversos efectos sociales de desabastecimiento, inflación y calidad de los servicios públicos. La nueva Asamblea Nacional, he argumentado, recibió un mandato múltiple para generar respuestas a la grave crisis política, económica, y social. Personalmente he opinado que existen claras limitaciones para implementar cambios de política económica desde un poder distinto al ejecutivo. Aún así, soy de los que piensan que el Parlamento enfrenta la necesidad inmediata de fortalecerse institucionalmente para erigirse como una voz creíble, autónoma y calificada sobre temas económicos y sectoriales.
En una frase: La Asamblea Nacional debe reabrir una Oficina de Asesoría Económica y Presupuestaria de alto nivel.
En general, dada la creciente complejidad de las políticas económicas, sectoriales, de servicios públicos, y de los procesos fiscales/presupuestarios, desde los 90s, la creación de agencias de asesoría técnica fue la vía favorita de reforma para fortalecer las capacidades de los Parlamentos. Este tipo de órganos, donde han funcionado, han sido un factor fundamental en la reducción de las asimetrías de información entre los poderes Ejecutivo y el Legislativo.
Venezuela tiene su propio antecedente cuando en el año 1997 se creó, con apoyo técnico y financiero del Banco Interamericano de Desarrollo, la Unidad de Análisis Macroeconómico dependiente del extinto Congreso Nacional, posteriormente llamada Oficina de Asesoría Económica y Financiera de la Asamblea Nacional (OAEF), que logró concentrar un grupo de técnicos altamente calificados con capacidad para evaluar imparcialmente las iniciativas de política económica, presupuestaria y sectorial del Poder Ejecutivo. Mientras duró, la Oficina de Asesoría Económica y Financiera de la Asamblea Nacional logró posicionarse como una institución reconocida y respetada por los representantes de la Asamblea Nacional y por la opinión pública en general. Por razones que no vienen al caso, en los últimos meses de 2003, la OAEF fue disuelta por las autoridades chavistas de la Asamblea Nacional.
La creación de un ente como el propuesto, permitiría a la AN reducir las asimetrías de información y de capacidades con el resto de los poderes públicos; le otorgaría a la AN capacidad de sistematizar, procesar y difundir la información relativa a las políticas del Ejecutivo; proveería apoyo técnico de calidad a todos los parlamentarios y a las comisiones permanentes de la AN, sobre temas económicos relacionados al trabajo legislativo, y; otorgaría a la AN una voz calificada sobre temas de políticas públicas, gestión del presupuesto, coyuntura económica, política sectorial, servicios públicos, etc. Todo ello fortalecería el rol del Parlamento antes, durante y después de una hipotética transición.
En el contexto crítico actual, la nueva Asamblea Nacional debe servir como un muro de contención del "modelo socialista", en lo conceptual, político y programático. La AN puede y debe mostrarle a la sociedad que hay una forma alternativa de manejar la economía, distinta al mortal coctel de controles, restricciones y corrupción actual, lejos de la deriva populista.
Reabrir una oficina de asesoría económica de alto nivel sería un paso gigante en esa dirección.
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