Venezuela: Una Revolución Socialista sin Progreso Social

Desde su fundación en 2012, la organización no gubernamental Social Progress Imperative, a la cabeza de la llamada Red de Progreso Social, viene dando pasos decididos en un proyecto tan ambicioso como necesario: trascender el enfoque puramente “economicista” en la forma como medimos el bienestar de la gente. Se trata de medir bienestar más allá de las medidas estándar de crecimiento económico y el PIB por habitante.

Hace pocos días se publicaron los resultados del Índice de Progreso Social (IPS) 2016 construido por los equipos técnicos del Social Progress Imperative y la Red de Progreso Social. EL IPS 2016 es un índice agregado que compila 53 indicadores sociales y ambientales para un conjunto de 161 países. EL IPS captura tres dimensiones del progreso social: las necesidades humanas básicas, las características del entorno como cimiento del bienestar, y las oportunidades para el progreso humano.

Sin entrar a explicar los detalles metodológicos, el índice se enfoca en las dimensiones no económicas de los resultados nacionales y privilegia los indicadores de resultados, por encima de la cantidad de recursos invertidos en alcanzar dichos resultados. Es decir, cuando un burócrata llama a una rueda de prensa para decir que “se invirtieron XXX millones de USD en programas sociales”, el IPS pasa enseguida a la pregunta: “¿y los resultados de esas inversiones fueron…?¨.

El marco conceptual del IPS abarca tres dimensiones: la primera es la dimensión de la satisfacción de necesidades humanas básicas, que comprende a su vez resultados esenciales en áreas de cuidados médicos básicos, nutrición, acceso al agua y saneamiento, vivienda y seguridad personal. La segunda dimensión está referida a características del entorno como fundamento del bienestar, esta agrupa indicadores de acceso al conocimiento, a la información y las comunicaciones, resultados de salud, y calidad ambiental. Por último, el índice incorpora una dimensión de oportunidades de progreso personal, que incluye un enfoque de derechos personales, libertades individuales, tolerancia e inclusión.   

Los resultados para Venezuela en las tres dimensiones del IPS no pueden sino catalogarse, siendo un tanto condescendientes, como mediocres. Más allá de la retórica apologética oficial, en la inspección del IPS en términos absolutos, Venezuela obtiene un puntaje de 62 puntos sobre 100 posibles, lo cual lo hace situarse a la cola de América Latina, superado por economías más pequeñas y modestas como República Dominicana, Bolivia y Paraguay. En términos relativos, Venezuela se sitúa por detrás, incluso, de países similares en cuanto a ingreso o abundancia de recursos naturales.

Si se compara el IPS de Venezuela con el del grupo de países de un nivel de ingreso per cápita similar, se concluye que los resultados en términos de progreso humano han sido extremadamente pobres. Venezuela muestra brechas de desempeño, señaladas en el informe como debilidades relativas, en 23 de los 53 indicadores del índice. Los resultados de Venezuela son insatisfactorios en dimensiones como la mortalidad materna, la calidad medio ambiental y el acceso a la información y comunicaciones. Venezuela muestra, además, graves brechas en todos los indicadores de seguridad personal, con cifras peores que las de algunas zonas en conflicto bélico abierto como Iraq; y, en la dimensión de libertades individuales, con peores resultados que los mostrados por algunas de las monarquías teocráticas del golfo.

Resulta importante destacar que la mayoría de los indicadores incluidos en el IPS de 2016 datan de 2014, es decir, los pobres resultados en términos de progreso social de este experimento “humanista” que se llamó la revolución del socialismo del siglo XXI eran ya evidentes en ese entonces. Además, los efectos de la peor crisis económica y social en la historia moderna de Venezuela, que hoy tiene a la sociedad venezolana sumida en una vorágine de necesidades básicas insatisfechas, recesión, inflación, escasez y caos de servicios públicos, aun no se ven reflejados en el IPS. No hay que ser profeta para avizorar cuál será el desempeño de Venezuela en el IPS de 2017 y 2018.

Los resultados que acaba de publicar el Social Progress Imperative demuestran que estamos ante el curioso caso de una revolución social, sin progreso social; un proyecto humanista, donde el ser humano no está más cerca de satisfacer sus necesidades básicas. El socialismo del siglo XXI estaba, hace ya dos años, en bancarrota. Los resultados del IPS 2016 muestran que el rey estaba desnudo, incluso antes de esta crisis.

De buenas intenciones...

Reza el viejo adagio que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, lo cual no vendría siendo un dicho tan relevante en nuestro contexto, pues ese camino, no importa del material con el cual estaba hecho, ya lo recorrimos.

Claro que es cierto que el modelo económico chavista volvió polvo cósmico el salario de los venezolanos. No existe ninguna duda que, entre otras muchas bajas, el poder adquisitivo de los trabajadores venezolanos es una de las principales víctimas de los efectos del fenómeno de El Niño, y su legado de controles, distorsiones, corrupción e inestabilidad macro extrema.

También es cierto que este cóctel mortal viene aderezado por una demencial parálisis en la conducción de las políticas producto, por partes iguales, de la lenidad e incompetencia infinita de los responsables de la conducción del estado.  El efecto previsible es esta catastrófica conjunción de salarios de miseria, por un lado, con escasez generalizada de alimentos básicos y medicinas.

La reacción natural de la gente, frente a este brutal y acelerado proceso de empobrecimiento, es dirigir su atención a la insuficiencia de sus ingresos, o la llamada lucha por la “defensa del salario”. Y es comprensible, esperable, natural, y en cierta forma, racional, que la sociedad se organice en torno a la defensa de los ingresos, pues la insuficiencia de los ingresos es muy real: no se puede culpar a un trabajador, cuya familia coquetea con el hambre, por presionar en este sentido. Al fin y al cabo, la gente –incluyendo los políticos-, actúa resolviendo un problema de equilibrio parcial, en un mundo donde los resultados del equilibrio general no son observables o accesibles para todos.

En nuestro caso, es un tema que forma parte de la discusión diaria. El reciente aumento del salario mínimo decretado por Maduro; o la reciente aprobación de la convención colectiva unitaria de los trabajadores de la educación; o del lado de la oposición, la aprobación de Ley del Bono de Alimentación y Medicamentos para Jubilados y Pensionados por parte de la Asamblea Nacional, así lo ratifican.

Y ojo, no quisiera que se mal interpreten mis palabras, pues el drama humano detrás de la caída del ingreso de los venezolanos es real, palpable y está teniendo graves consecuencias y costos humanos. La lucha por recuperar el poder adquisitivo es más que legítima, es imperativa e impostergable.

Pero la pregunta que es relevante para evaluar en su justa dimensión el actual contexto, no es si los ingresos son insuficientes o no, sino si cualquier aumento de ingresos nominales favorece inequívocamente a los trabajadores a quienes se quiere beneficiar. La pregunta más general es: ¿cuál es el efecto sobre el bienestar de un aumento del ingreso en un contexto como el venezolano? 

Responder esta pregunta es importante. Al fin y al cabo, la economía está llena de políticas con consecuencias no previstas, y no es raro encontrase con decisiones que logran lo contrario a lo que se pretendía. Es precisamente el tipo de cosas que los economistas tenemos la ingrata responsabilidad de advertir. 

Comencemos por definir "el actual contexto". En la extensa literatura que se produjo en los 90s sobre el ajuste y transición de las economías socialistas hacia economías de mercado, la economía venezolana encajaría perfectamente en lo que se llamó una economía con "exceso de demanda", caracterizada por enorme o total restricción de la oferta de productos, escasez generalizada de bienes, y colas, muchas colas. Venezuela, donde el aparato productivo está de rodillas, en medio de un ajuste draconiano de importaciones, es en más de un sentido igual a Polonia, Hungría o Estonia en 1990.

Entonces, de vuelta a la pregunta original, ¿Es innegablemente positivo el efecto sobre el bienestar de un aumento de ingresos en una economía de escasez con exceso de demanda?. La respuesta corta es no, no necesariamente. 

No he encontrado una forma mejor de ilustrar este punto que el sencillo modelo que presentan Sachs y Lipton (1990), en un libro que le recomiendo revisar a cualquiera que esté pensando en los retos que le vienen a Venezuela en una eventual transición. Jeff Sachs y David Lipton, eran para la época asesores económicos del Movimiento Solidaridad, en el que terminaría siendo el caso más exitoso de transición de una economía socialista a una economía de mercado. 

Como no es la intención entrar en tecnicismos, baste con decir que uno puede suponer que el bienestar de la gente depende, principalmente, solo de dos cosas: la cantidad de lo que consume y la cantidad de tiempo libre que puede disfrutar. Es decir, la gente recibe utilidad de lo que consume y de la cantidad de tiempo que pasa con su familia, entreteniéndose o descansando. 

El primer problema es que en una economía de escasez, el tiempo libre es lo que le queda a la gente luego de hacer largas y numerosas colas. Añádase que, por otro lado, el tamaño de la cola depende de la gravedad del exceso de demanda, es decir, del desequilibrio entre lo que la gente está dispuesta a gastar y la mermada oferta de bienes. Si tuviéramos que escribir estas relaciones sería algo así como:

Bienestar = Consumo + Tiempo Libre 

Tiempo Libre = Tiempo no trabajado - Horas en Colas

Horas en Colas = f (Exceso de Demanda)

Exceso de Demanda = Ingreso Real - Oferta Total 

Como lo que caracteriza a esta economía de escasez que es Venezuela, es que la oferta de bienes de consumo está completamente restringida (no reacciona frente a la demanda), es fácil demostrar que llegado un punto, cualquier aumento de ingreso real se traducirá necesariamente en un aumento del exceso de demanda, pues no hay ni habrá bienes adicionales que se puedan consumir. Luego, también necesariamente, un aumento del ingreso real se traduce solo en un aumento del tamaño de las colas, sin efectos sobre el nivel de consumo, por lo que reduce el bienestar de la gente.

Gráficamente, es fácil de ver. En el gráfico de Sachs y Lipton, es altamente probable que la Venezuela de hoy en día se encuentre a la derecha del punto S, donde un aumento del ingreso real (y es fácil verlo para el conjunto de bienes con precios controlados), en vez de aumentar el bienestar de la gente, lo reduce.

Vaya entonces esta advertencia, dirigida a políticos del gobierno y de la oposición por igual: Puede que aumentar el ingreso sea un acto de justicia, puede que sea popular, pero en el actual contexto a veces no bastan las buenas intenciones.

La Asamblea Nacional y la agenda económica de mediano plazo (y 3/3)

Para terminar esta serie de posts, voy a mencionar un factor que, sin estar directamente relacionado a aspectos de política económica, me parece que tiene una importancia capital para la Asamblea Nacional, dado el tipo de retos que le tocará enfrentar.

Venezuela atraviesa una crisis económica de inmensas proporciones, con profundos y perversos efectos sociales de desabastecimiento, inflación y calidad de los servicios públicos. La nueva Asamblea Nacional, he argumentado, recibió un mandato múltiple para generar respuestas a la grave crisis política, económica, y social. Personalmente he opinado que existen claras limitaciones para implementar cambios de política económica desde un poder distinto al ejecutivo. Aún así, soy de los que piensan que el Parlamento enfrenta la necesidad inmediata de fortalecerse institucionalmente para erigirse como una voz creíble, autónoma y calificada sobre temas económicos y sectoriales. 

En una frase: La Asamblea Nacional debe reabrir una Oficina de Asesoría Económica y Presupuestaria de alto nivel. 

En general, dada la creciente complejidad de las políticas económicas, sectoriales, de servicios públicos, y de los procesos fiscales/presupuestarios, desde los 90s, la creación de agencias de asesoría técnica fue la vía favorita de reforma para fortalecer las capacidades de los Parlamentos. Este tipo de órganos, donde han funcionado, han sido un factor fundamental en la reducción de las asimetrías de información entre los poderes Ejecutivo y el Legislativo.

Venezuela tiene su propio antecedente cuando en el año 1997 se creó, con apoyo técnico y financiero del Banco Interamericano de Desarrollo, la Unidad de Análisis Macroeconómico dependiente del extinto Congreso Nacional, posteriormente llamada Oficina de Asesoría Económica y Financiera de la Asamblea Nacional (OAEF), que logró concentrar un grupo de técnicos altamente calificados con capacidad para evaluar imparcialmente las iniciativas de política económica, presupuestaria y sectorial del Poder Ejecutivo. Mientras duró, la Oficina de Asesoría Económica y Financiera de la Asamblea Nacional logró posicionarse como una institución reconocida y respetada por los representantes de la Asamblea Nacional y por la opinión pública en general. Por razones que no vienen al caso, en los últimos meses de 2003, la OAEF fue disuelta por las autoridades chavistas de la Asamblea Nacional.

La creación de un ente como el propuesto, permitiría a la AN reducir las asimetrías de información y de capacidades con el resto de los poderes públicos; le otorgaría a la AN capacidad de sistematizar, procesar y difundir la información relativa a las políticas del Ejecutivo; proveería apoyo técnico de calidad a todos los parlamentarios y a las comisiones permanentes de la AN, sobre temas económicos relacionados al trabajo legislativo, y; otorgaría a la AN una voz calificada sobre temas de políticas públicas, gestión del presupuesto, coyuntura económica, política sectorial, servicios públicos, etc. Todo ello fortalecería el rol del Parlamento antes, durante y después de una hipotética transición.

En el contexto crítico actual, la nueva Asamblea Nacional debe servir como un muro de contención del "modelo socialista", en lo conceptual, político y programático. La AN puede y debe mostrarle a la sociedad que hay una forma alternativa de manejar la economía, distinta al mortal coctel de controles, restricciones y corrupción actual, lejos de la deriva populista.

Reabrir una oficina de asesoría económica de alto nivel sería un paso gigante en esa dirección.

La Asamblea Nacional y la agenda económica de mediano plazo (2/3)

Estos días en que la nueva Asamblea Nacional discute un proyecto de reforma de ese bodrio en que se ha convertido la Ley del Banco Central de Venezuela, me hicieron recordar que la motivación original de este blog, cuando lo empecé hace poco más de 2 años, fue la denunciar que, entre otros despropósitos, la conducción chavista de la economía había producido la completa demolición de la institucionalidad mínima del equilibrio monetario en Venezuela.

Nadie debe olvidar que el brote hiperinflacionario que hoy subyuga a los venezolanos tuvo su origen en las decisiones tomadas por el chavismo en dos fechas: 20 de julio de 2005 y 9 de noviembre 2009. Fechas memorables por las peores razones, a las cuales debemos agregar la fecha cuando el chavismo remató la faena: 31 de diciembre del 2015. Lo que ha experimentado Venezuela no es menos que el proceso progresivo de desintegración de la institucionalidad monetaria. Proceso mediante el cual el ejecutivo chavista expropió al BCV todas sus competencias, sus instrumentos y su independencia, convirtiendo al Instituto en poco más que solo un edificio lleno de gente en la Av. Urdaneta de Caracas.

Para no llover sobre mojado solo recuerde el lector que en cualquier parte del mundo, la capacidad real de un Banco Central para cumplir su mandato legal, que no debe ser otro que la preservación del valor de la moneda local, depende crucialmente de tres factores:  el poder para centralizar las Reservas Internacionales; la prohibición de financiar ejercicios fiscales deficitarios, y; la no subordinación de sus decisiones al  Poder Ejecutivo. Sobra decir que los tres factores son inexistentes en Venezuela de 2016.

Qué hacer entonces con la reforma del Banco Central que se discute actualmente en el seno de la nueva Asamblea Nacional. En mi humilde opinión, debe aprovecharse el momento para crear las condiciones para que en el mediano plazo, el Banco Central de Venezuela sea empoderado de nuevo con instrumentos, capacidades y un mandato claro para cumplir su rol: garantizar la estabilidad de precios.

Opino que la discusión, al menos la que he escuchado hasta ahora luego de la primera discusión del proyecto y las consultas públicas realizadas por la Comisión de Finanzas, va en la dirección correcta. Hasta ahora se ha hablado de:  (i) Reforzar la maltrecha independencia mediante la rehabilitación del rol del Parlamento en el nombramiento y remoción de las autoridades del Banco Central; (ii) forzar al Banco Central a regresar a un régimen periódico y transparente de publicación de cifras económicas, y; (iii) restringir o prohibir la capacidad del Banco Central para financiar monetariamente el déficit fiscal.

En mi humilde opinión, además de las medidas descritas, el Parlamento debe sentar las bases para que en el mediano plazo, el BCV pueda implementar un esquema de política monetaria que le sirva a una economía como la venezolana, lo proteja mejor de los choques que recibe y logre la tan anhelada y esquiva estabilidad de precios. No es el tema de este post, pero adelanto que desde mi perspectiva, la Venezuela de la transición deberá empezar a recorrer el camino hacia un régimen de tipo de cambio flexible bajo un esquema de objetivos directos de inflación. En todo caso, es tema sujeto a debate, pero sea cual sea el esquema final adoptado creo que se necesitará una reforma profunda de contenidos y hasta de tono de la Ley del Banco Central (o una nueva). Con lo anterior en mente, me parece que el Parlamento pudiera comenzar por:

1. Eliminar del articulado que tiene que ver con las funciones, roles y características del Banco Central de Venezuela, cualquier mención al desarrollo nacional armónico, al crecimiento económico, al nivel de empleo, al régimen socioeconómico, al compromiso/responsabilidad social, a la participación ciudadana, a la integración latinoamericana, y demás paja retórica que ha servido de coartada legal a la criminal forma de proceder del pasado reciente. De manera inequívoca y categórica: la única función legal del BCV debe ser la de preservar la estabilidad monetaria y el funcionamiento del sistema de pagos. Punto.
2. Eliminar del articulado toda mención a ese invento endógeno chavista llamado "Nivel Adecuado de Reservas Internacionales", que es nada más y nada menos, el responsable de la desequilibrio monetario extremo -y su correlato inflacionario- que hoy observamos. Debe eliminarse también el concepto de "Reservas Excedentarias", que es un engendro conceptual derivado del anterior.
3. Eliminar del articulado toda mención al concepto de "Utilidades Cambiarias", que era la innovación favorita del chavismo para obtener algo de recursos por emisión inorgánica antes de que perdieran todo pudor en 2005. 
4. Eliminar la posibilidad de financiar directamente, y sin límite de plazo, a empresas e institutos públicos. Eliminar la posibilidad de adquisición masiva de instrumentos de crédito en colocación primaria por parte de entes públicos. Esta disposición, en mi opinión, necesita analizarse con detenimiento. Un comentario sobre esto más abajo. 
5. Endurecer los criterios para la selección de los Directores y el Presidente del Banco como piedra fundacional de la credibilidad del futuro Banco Central. Con respecto a esto, la ley debe procurar estándares internacionales, reforzando el rol de las capacidades técnicas, la trayectoria y la independencia, en la futura conducción del Banco.
6. Reforzar el regreso a los manuales estándares de la contabilidad monetaria. Basta con ver el balance del BCV o las cuentas de usos y fuentes de la base monetaria, para observar que la contabilidad del Banco es hoy en día un ejercicio de ficción, con números que se mantienen en azul gracias al efecto mágico de activos tan creativos como inexistentes.

Una nota final sobre el tema de la eliminación del financiamiento monetario del déficit fiscal. Este es un tema escabroso que requiere cuidadoso análisis. Por un lado, no hay duda alguna de que el pagaré PDVSA es, por mucho, la mayor fuente de inestabilidad monetaria del sistema y, probablemente, el mayor responsable del brote inflacionario que observamos. Sin embargo, por otro lado, debe tenerse en cuenta que hay razones teóricas para pensar que, en ausencia de fuentes legítimas de financiamiento del déficit fiscal, una posición monetaria demasiado inflexible hoy, podría derivar en más inflación e inestabilidad mañana. 

Este es un tema técnico que es difícil comunicar y divulgar, pero baste con decir que incluso en un escenario óptimo -que no existe en Venezuela-, con un ejecutivo dispuesto a hacer los ajustes necesarios, dispuesto a hacer un ajuste fiscal creíble con apoyo financiero de multilaterales, con un programa de reformas profundas a cargo de un equipo competente, incluso en esas condiciones -repito, inexistentes en Venezuela-, convendría un análisis serio y sin pasiones sobre la secuencia óptima de eliminación del financiamiento monetario del déficit. Puede que lo más drástico no sea lo óptimo desde el punto de vista económico y social. 

No lo digo yo, a eso se le llama la desagradable aritmética monetarista de Thomas Sargent.

La Asamblea Nacional y agenda económica de mediano plazo (1/3)

Diputado José Guerra

Todos coinciden: el triunfo político de la Unidad el pasado 6D fue categórico, de gran trascendencia, un verdadero misil a la línea de flotación del chavismo. Pero sobre lo que parece hay menos acuerdo es sobre en qué consiste exactamente el mandato mayoritario recibido por la oposición.

O mejor dicho, cada uno interpreta dicho mandato de acuerdo a sus propias prioridades o partido. Están, por un lado, los que quieren que la AN sea el ariete de la transición política post-chavismo; por otro lado, están los que quieren que la AN legisle para aliviar la grave crisis de servicios públicos y abastecimiento que padecemos; luego, están los que quieren que aumente las fiscalizaciones del poder y persiga a los corruptos; le siguen los que exigen concentrar sus esfuerzos en la defensa de los DD.HH. y la liberación de presos políticos y; por último, los que quieren que la oposición, desde el púlpito de la AN, proponga, asuma y ordene la ejecución del programa de medidas de ajuste económico para sacar a Venezuela del atolladero. Es a estos últimos a quienes va dirigido mi comentario.

Lo cierto es que, hasta ahora, la AN ha tenido que jugar al equilibrista para avanzar en todos esos frentes simultáneamente. El mandato, resulta ahora obvio, es tan diverso como diversa es la coalición de los mandantes. Pero, repito, es sobre el rol económico de la nueva AN a lo que quiero referirme en este texto.

Creo firmemente en que la desquiciada forma oficialista de conducir la economía, debe encontrar en la nueva AN un muro de contención en lo conceptual, en lo político y en lo programático. Creo también que el personaje de la foto que acompaña este post, tiene un rol particularmente relevante en este sentido. Creo además, que en un año como 2016, cuando la economía se encuentra al borde de la desintegración, la AN emerge naturalmente como la única referencia de una forma alternativa de hacer las cosas.

Dicho lo anterior, soy de los que piensan que si bien el control sobre la AN le otorga amplios atributos a la oposición, su margen de maniobra para implementar cambios de políticas económicas es muy limitado. No es el objetivo de este post discutir sobre la diferencia entre diseño e implementación de políticas, ni sobre quién tiene el monopolio de lo segundo, así que me limitaré a decir que es sencillamente imposible pensar en dirigir, promulgar y/o promocionar un ajuste económico como el que requiere Venezuela, desde un poder distinto al ejecutivo. La tesis de que se puede llevar al ejecutivo de Maduro y Co. a un ajuste económico nariceado desde la AN es simplemente irreal, irrealizable e inconveniente.

Pero creo que hay mucho que la oposición puede hacer en materia económica desde la AN. Algunas cosas ya han sido señaladas por colegas o están en la agenda legislativa de la Unidad. Pero quisiera enfocarme en la agenda de mediano plazo, porque creo que la oposición debe utilizar su nueva tribuna para prepararse para gobernar a Venezuela. La unidad debe aprovechar la oportunidad estratégica que le otorgan sus recién estrenados poderes legislativos para empezar la reconstrucción -o construcción- de la institucionalidad económica sobre la cual gobernará. Recuérdese que partimos desde un punto donde lo poco que había en pie antes de 1999, ha sido completamente destruido tras 17 años de barbarie en política económica. Legislar en este sentido, no solo me parece que es prioritario, sino que sería una señal clara de la vocación de poder y de la orientación económica de un futuro gobierno de la Unidad.

Fíjese que paradójicamente, la catastrófica baja en los precios del petróleo que, al demoler lo que quedaba del "modelo" económico chavista, tiene a nuestra población sufriendo las peores penurias, ofrece una oportunidad de oro para hacer lo que nunca hemos hecho: construir instituciones económicas para la moderación en tiempos de abundancia.

Venezuela, la fiesta, la resaca

Venezuela, siempre se ha dicho, es como el tipo irresponsable que se gana la lotería y se gasta todo lo ganado -y más- en una bacanal interminable de la cual solo le queda la resaca. Aún más grave, el tipo del cuento -Venezuela-, se ha ganado esa lotería no una vez, sino varias veces, y una y otra vez se mete la misma rumba y termina con el mismo ratón.

Venezuela, por supuesto, no tiene que estar condenada a repetir la misma conducta. Yo argumento que la actual coyuntura ofrece la oportunidad de prepararnos para  el próximo ciclo. Podemos crear los mecanismos para que cuando la suerte vuelva, que siempre vuelve, tratar de llevar la fiesta en paz, disfrutar con moderación, y evitar a toda costa que la fiesta termine como terminaban casi siempre las fiestas en mi pueblo: en llanto y botellazos. Es cierto que no hay nada más difícil, políticamente hablando, que legislar para tiempos de vacas flacas, cuando las vacas, robustas y con visible sobrepeso, están sentadas a la mesa gozando del banquete. No hay nada menos popular que un político aguafiestas. Debe ser por eso que CAP I dijo aquello de “administrar la abundancia con criterio de escasez”, justo antes de hacer exactamente lo contrario.

Pero siguiendo la misma lógica es en un momento como el actual, de precios bajos del petróleo, donde puede resultar políticamente viable proponer mecanismos contra los excesos en tiempos de abundancia, ya que esos tiempos lucen hoy implausibles y lejanos. La actualidad ofrece ventajas en tres sentidos: (i) legislar con respecto al uso de ingresos extraordinarios no representa una amenaza inmediata para nadie en este momento, pues son mecanismos que están lejos de hacerse efectivos; (ii) erigir una arquitectura fiscal para la estabilidad no requiere un esfuerzo fiscal hoy, y por tanto no representa conflicto distributivo alguno, y; (iii) tomar medidas de esta naturaleza no amenaza los resultados electorales de ningún grupo o facción.

La referencia a la lotería más arriba era una forma coloquial de decir que el principal problema de las finanzas públicas venezolanas es su alto grado de vulnerabilidad frente a los vaivenes del mercado petrolero global. Como consecuencia, el desempeño fiscal venezolano ha sido inestable, poco creíble y nada transparente. Venezuela no es, por supuesto, el único país que enfrenta problemas similares en el plano fiscal. La mayoría de los países de nuestra propia región enfrentan problemas similares, y muchos, los más serios, han puesto en pie un andamiaje institucional para tratar de mitigar los efectos perversos de la volatilidad de los precios de los commodities sobre las gestiones fiscales.

A riesgo de generalizar un contexto institucional que tiene claros matices entre países, yo diría que la respuesta de política típica para enfrentar el problema fiscal en países que dependen del ingreso volátil de un commodity, se basa en los siguientes tres pilares:

Ley de Responsabilidad y Prudencia Fiscal: Para reglamentar los parámetros de comportamiento de las gestiones fiscales de todos los niveles de gobierno: nacional, regional y municipal. Este tipo de instrumentos generalmente impone límites implícitos a los ejercicios fiscales deficitarios, al poner parámetros nominales al crecimiento de algunos rubros del gasto corriente y reglamentar el uso del endeudamiento adicional. En muchos países, estas leyes reglamentan lo que el ejecutivo puede hacer y no hacer fiscalmente en un año electoral.

Ley de Estabilidad Fiscal: Para adoptar una regla fiscal estructural que permita aislar las finanzas públicas de los efectos transitorios de la volatilidad petrolera y del ciclo económico. La de la regla fiscal estructural es crear las condiciones para que el estado ahorre en momentos de boom, y gaste más cuando el ciclo se revierta. Esta ley debe incluir la creación del Fondo de Estabilización Fiscal, que permitiría un marco transparente de acumulación y desacumulación de los ingresos fiscales extraordinarios -cuando los hubiera-.

Ley del Consejo Nacional de Política Económica: Para crear un panel de asesores, con participación del ejecutivo y el legislativo, pero esencialmente independiente de ambos, para proveer un bien público de particular importancia para la estabilidad económica en Venezuela: los supuestos de base para la formulación del presupuesto de la nación. Solo independizando la fuente de los supuestos macroeconómicos (inflación, tipo de cambio, precio del petróleo, crecimiento del PIB, etc.), de la formulación del presupuesto en sí mismo, se podrá evitar, por ejemplo, el abusivo uso discrecional de niveles artificiales de precio del petróleo para despojar a las regiones de los recursos que le corresponden. Un ente como este debe estar a cargo de formular también los supuestos de base para la regla fiscal estructural y el fondo de estabilización, descritos en el punto anterior.

A mi juicio, empezar a debatir una agenda de reformas económicas de mediano plazo es una forma efectiva y de bajo costo de invertir el capital político de la oposición. Empezar a reconstruir la institucionalidad económica  del país será una señal clara de que la transición ha comenzado.

Empecemos. 

Sobre el Voto Nulo como Protesta

A raíz de la inspección preliminar que hice de los micro-datos del 6D, de la cual Eugenio Martínez (@puzkas) y otros medios nacionales se hicieron eco, se ha generado una especie de sana polémica en torno al tema de los votos nulos el 6D.

El hecho fundamental es que la tasa de voto nulo del 6D (aprox. 5,0% en el voto lista), es inusualmente alta relativa a la historia reciente de eventos electorales (aunque no la más alta históricamente). Esto ha motivado la destemplada reacción, mitad teoría de la conspiración, mitad conveniencia política, de los que todavía no se enteran de qué fue los que les pasó por encima el 6D.

Pero vamos al punto. En mi post anterior sobre el tema dije que, a simple vista, los datos del 6D son consistentes con la tesis de que una parte de los electores oficialistas utilizaron deliberadamente el voto nulo (en blanco) como expresión de descontento. Mi afirmación se basaba, por un lado, en un análisis muy preliminar de las proporciones de voto nulo entre los centros del 20% más oficialista, con respecto al 20% más opositor, la diferencia resultaba más del doble entre una y otra y estadísticamente significativa; por el otro lado, en el conocimiento de la data electoral más reciente, pues no recordaba  haber visto una diferencia tan sustancial en cuanto a votos nulos entre centros más pro-CH y más pro-OPO.

Aun así, mi afirmación la hice en condicional, pues es un punto que requiere de más análisis para sacar conclusiones más robustas. Esa es la intención de este post.

¿Utilizó el chavismo el voto nulo como protesta?

El debate  sigue vivo.

Iñaki en el blog YVPolis, correctamente demuestra que existe una alta correlación entre los centros con alta incidencia de voto nulo en 2010 y en 2015, lo cual es correcto, y refleja el hecho que existen centros que por razones observables (o no) son sistemáticamente más propensas a cometer errores que nulifiquen el voto, y que esos centros son más o menos los mismos entre 2010 y 2015. Más sobre este punto más adelante.

Caracas Chronicles, también se unió al debate. Ahí, Quico sostiene la tesis de que la responsable es la horrible interfaz del elector que ofrece Smartmatic y sus máquinas. En su historia, la interfaz complica innecesariamente el acto de votación, lo cual afecta desproporcionadamente más a los electores relativamente con menor educación (lo cual en teoría los hace cometer más errores que nulifican el voto). Quico sugiere, sin decirlo expresamente, que detrás de las diferencias significativas en la tasas de voto nulo entre unos centros y otros, observadas por Iñaki, está el nivel de sofisticación promedio de los electores de dichos centros.

El problema es que aunque la afirmación sea parcialmente cierta, esta historia no es consistente con los datos y no explica lo que pasó entre 2010 y 2015.

¿Por qué? Pues porque las elecciones parlamentarias de 2015 fueron casi una réplica idéntica de las elecciones parlamentarias de 2010. De hecho en ambas elecciones se utilizaron los mismos circuitos, se emitieron la misma cantidad de votos, se utilizaron las mismas máquinas y la misma interfaz del usuario, se eligieron los mismos cargos, para la misma institución, votó más o menos la misma población, más o menos en los mismos centros de votación. Ambas elecciones tuvieron más o menos la misma motivación, organizaciones de campaña, movilización y base territorial. Ambas elecciones fueron ampliamente polarizadas. Aparte de cambios demográficos y pequeñas modificaciones en la organización de la recepción de votantes en los centros, ambas elecciones son casi idénticas.

Sin embargo la tasa de voto nulo de 2015 (aprox. 5,0%), duplica la tasa de voto nulo observada en 2010 (aprox. 2,5%) en el voto lista. Entonces, a menos que se piense que hubo un factor que hizo caer el nivel general de sofisticación/educación de todo el electorado en promedio, o peor aún, de una parte del electorado en particular (el oficialista), esa historia no tiene ningún asidero.

Un viejo mentor en el Banco Central me enseño un adagio: Una constante, no puede explicar una variable. La “educación promedio” de los centros de votación, no puede explicar las duplicación del voto nulo entre 2010 y 2015.

Luego Rodrigo, abunda en la tesis de lo malo que es la interfaz del votante del mejor sistema electoral del mundo. Y tiene razón, la interfaz es terrible, puede ser ampliamente mejorada, y el sistema se beneficiaría de las propuestas como tener un botón de voto en blanco/nulo para capturar la voluntad expresa de los electores que quieran elegir esa opción. El argumento es irrebatible, pero no pone luz sobre las diferencias entre 2010 y 2015, o entre centros más pro-OPO y más pro-CH. Rodrigo sentencia: “Es imposible demostrar que ciertos votantes, con ciertas preferencias, fueron más propensos a votar nulo. Imposible.”

Challenge Accepted.

Nicmer, Marea, Nicmer Marea 

El experimento: Sabemos que algunos factores políticos de la disidencia chavista hicieron llamados expresos a votar nulo, incluyendo al mediático Nicmer Evans, quien admite que Marea Socialista se vio obligada a votar nulo frente a la polarización y la ilegalización de su tarjeta en varios estados.  Supongamos que una parte del electorado estuvo expuesto o era más propenso a seguir el lineamiento de Nicmer, es decir, una parte de la población estuvo más expuesto a lo que llamaremos el Tratamiento Nicmer Marea. El tratamiento Nicmer Marea consistía en ponerle una voz interna a los chavistas en su cabeza que les decía: “Castígalos, ¡Vota Nulo!”  (Obvio: lo de Nicmer/Marea es un recurso retórico para ilustrar un punto).

La pregunta: ¿Será cierto que parte del electorado chavista –siguiendo a Nicmer o no- expresó su descontento a través del uso deliberado del voto nulo?

La prueba: Supongamos –por simplicidad– que solo existen centros de votación muy chavistas o muy opositores. Para operacionalizar esta noción decimos que “muy chavista” significa aquellos centros donde el oficialismo sacó 70% o más en las elecciones de 2010 (los llamaremos Centros +CH). Los “muy opositores” son aquellos centros donde la MUD sacó más de 60% en dicha elección (los llamaremos +OPO).

Evidencia #1: Los centros +CH tienden a tener tasas de voto nulo/blanco relativamente más altas que los centros +OPO. Esto es una constante en todas las elecciones del pasado reciente. Veamos que pasó en las elecciones parlamentarias de 2010:

La diferencia entre centros +CH y centros +OPO es de menos de medio punto porcentual (0,48%). Esta cifra es importante recordar, pues ese medio punto porcentual incluye todas las diferencias posibles, observables o no observables, entre el votante promedio de los centros +CH y el votante promedio de los centros +OPO. Es decir, todas las diferencias sistemáticas entre nivel educativo, ingreso, ocupación, aptitudes, actitudes, gustos musicales o culinarios, entre chavistas y opositores, se pueden estimar para una elección como la de 2010 en medio punto porcentual adicional de votos nulos –cero punto cuarenta y ocho por ciento-.

Evidencia #2: En 2015, el patrón se repite con centros +CH mostrando tasas de voto nulo/blanco relativamente más altas que los centros +OPO. Sin embargo esta diferencia se profundiza con respecto a lo observado en las elecciones parlamentarias de 2010.

La diferencia entre centros +CH y centros +OPO en 2015 fue de 1,78 puntos porcentuales, esto es casi cuatro veces la diferencia observada en 2010. Aquí es importante recordar que este análisis se hace basado en un universo de 2100+ centros de votación +OPO y 3120+ centros de votación +CH, y que son los mismos centros para 2010 y 2015, por lo tanto estamos comparando en promedio la misma población. No es plausible pensar en cambios sistemáticos en nivel educativo, ingreso, ocupación, aptitudes, actitudes, gustos musicales o culinarios, entre chavistas y opositores, en los 5 años que transcurrieron entre 2010 y 2015, que ayuden a explicar el salto en la diferencia entre las dos poblaciones.

Aun así, todavía no se puede afirmar con certeza que esta diferencia entre las dos poblaciones es atribuible a una intencionalidad deliberada de la población +CH de expresar descontento a través del voto nulo/blanco.

¿Pero se puede decir algo a partir de la data?

Afortunadamente, no necesitamos un lector de mentes oficialistas para saber si existe evidencia de que algo pasó en los centros +CH, algo que podría sugerir Tratamiento Nicmer Marea funcionó. No necesitamos un lector de mentes, porque tenemos a David Card & Alan Krueger (1994), que son como Chino & Nacho, pero de la evaluación de políticas.

Lo que hemos dicho hasta ahora sobre las diferencias entre dos poblaciones en dos puntos del tiempo distinto, tiene la estructura perfecta para aplicar una técnica que es estándar en la evaluación de políticas y de efectividad de tratamientos médicos: El estimador DID (diferencias-en-diferencias).

No es la idea abundar en aspectos técnicos aquí, pero sépase que el DID es una forma sencilla, elegante y robusta de inferir, a partir de los datos, una relación causal o de atribución entre un resultado observado (tasa de voto nulo) y una intervención o “tratamiento” (Nicmer Marea). La estimación permite controlar los típicos sesgos que uno podría encontrar en una estimación de este tipo. Toma en cuenta, además, las características no observables de las poblaciones involucradas que no varíen en el tiempo.

Resultados: Los resultados sugieren que existe fuerte evidencia de que algo pasó el 6D en los centros +CH. Ese algo no puede ser explicado por los cambios en el sistema de votación entre 2010 y 2015 (que no fueron muchos), ni por cambios atribuibles a las características observables o no observables de los votantes promedio de cada grupo (i.e. educación, habilidad). Entonces, lo encontrado es evidencia de que ese algo fue que una parte de la población de los centros +CH tuvo intención deliberada de votar nulo: el tratamiento Nicmer Marea.

            

La estimación en Diff-in-Diff del efecto Nicmer es que 1,32 puntos porcentuales de la tasa de voto nulo observada en los centro +CH es atribuible a la intención de votar nulo como protesta. Esto es, casi la mitad (47%) del incremento de la tasa de votos nulos entre 2010 y 2015 en los centros más oficialistas, puede ser explicada por este efecto. Casi ¾ partes (74%) de la diferencia observada entre las tasa de voto nulo entre centros +OPO y centros +CH en 2015, puede ser explicada por el Tratamiento Nicmer Marea.

Cierro diciendo que creo que el estimador DID es evidencia sólida, robusta y no circunstancial de que el Efecto Nicmer Marea existió y fue importante el 6D. También diré, que creo que el estimador puede incluso estar subestimando el peso que tuvo el voto nulo deliberado como protesta, pues una parte de la población de los centros +OPO también estuvo sometida al mismo tratamiento. 

Pero como diría Juan Vené…la prueba de eso la dejamos para el próximo programa (o post).

Nota al lector: Lo de Nicmer es una metáfora, no creo que lo que diga haya dicho o dejado de decir Nicmer, haya tenido importancia o trascendencia alguna el 6D.