La revolución contra los pobres

Desde la mitad de 2017, Venezuela experimenta lo que probablemente sea la contracción económica más severa y prolongada de su historia económica moderna. Un país que se aproxima a perder más de 25% de su Producto Interno Bruto, no es un país; es una tragedia económica habitada.

Esta afirmación no tiene solo que ver con frías cifras de producción y empleo, pues lo que ha sucedido en Venezuela en los últimos 4 años es nada menos que una debacle para las condiciones materiales de vida de los Venezolanos. Una tragedia humana con mayúsculas.

Desde la oscuridad de la ausencia de cifras, la irresponsabilidad, el cinismo y la politiquería que caracteriza la respuesta oficial, es poco lo que se puede saber con certeza sobre los efectos que esta contracción económica tiene en la evolución de los indicadores socio-económicos del país. Lo poco que se sabe o que se infiere, da cuenta de una explosión en el hambre, la desnutrición, la mortalidad materno-infantil y la muerte por enfermedades crónicas.

Con respecto a la pobreza, el vacío informativo ha sido parcialmente llenado por fuentes no oficiales, que indican que la pobreza es hoy en día un fenómeno generalizado que ya alcanzaría a 4 de cada 5 venezolanos. Nuestras propias estimaciones del Mapa de Pobreza Parroquial de Venezuela, basadas en los últimos datos oficiales disponibles, indican que la pobreza es, además, un fenómeno territorialmente profundo y extendido, con la parroquia típica venezolana presentando 76% pobreza; con cerca de 30 parroquias con tasas de pobreza cercana al 100%, y con aproximadamente 250 parroquias densamente pobladas concentrando el 70% del total de pobres.

Pero hay un aspecto que no está siendo lo suficientemente discutido ni por los analistas, ni por el discurso político: Existen razones fundadas para pensar que lo que está sucediendo en Venezuela es también una tragedia distributiva. Que cuando esto termine, que terminará, Venezuela habrá experimentado una debacle en sus indicadores de distribución del ingreso, algo muy grave para nuestras aspiraciones de desarrollo futuro.

Existen dos argumentos principales que soportan esta tesis. En primer lugar, el choque negativo más brutal sobre ingresos familiares del que se ha tenido noticias en Venezuela, lo han experimentado los más pobres, en ausencia absoluta de una red de protección social pública para mitigar sus efectos perversos.

El colapso funcional del estado chavista, la parálisis de sus programas sociales y la articulación de respuestas insuficientes y politizadas como los CLAP, han dejado a la población sin protección alguna, en el momento en que era más necesario. Los estados modernos y sus políticas sociales se estructuran y preparan precisamente para mitigar estos choques. En Venezuela, el estado chavista dejó a la gente, sobre todo a aquella que constituye el centro de su discurso político, en total estado de indefensión.

El segundo elemento tiene que ver con algo que está bastante demostrado por la literatura económica: en general, en todas partes, los segmentos más ricos de la distribución del ingreso están dotados de mejores capacidades y estrategias de mitigación de choques negativos. Las razones para ello son varias: sea porque tienen un mejor acceso al sistema financiero y de aseguramiento, sea porque poseen un mayor acervo de riqueza que es posible des-ahorrar para compensar insuficiencias en el ingreso, sea porque sus activos se encuentran diversificados en términos de monedas, lo cual los protege de la devaluación. Sea cualquiera la razón, los que están más arriba en la escala de ingresos, están mejor protegidos.

Pero la motivación de estas líneas es dar evidencias preliminares de que la sospecha arriba expresada, concuerda con la realidad. Aún con las limitaciones de los datos, es posible abordar empíricamente la pregunta de cuál ha sido el impacto de esta recesión económica sobre la desigualdad. La literatura del desarrollo económico abunda en el tema, por ejemplo, en Ravallion y Chen (2003) [1] y Kraay (2004)[2] se encuentran referencias conceptuales del llamado sesgo pro-pobre del crecimiento.

En general, sin entrar en honduras técnicas, el análisis del sesgo pro-pobre del crecimiento se ciñe a inspeccionar los cambios en el ingreso real de los hogares en un período determinado, teniendo en cuenta la posición inicial de los hogares en la distribución ingreso. Es decir, se trata de dilucidar si el choque negativo de ingresos ha sido desproporcionadamente más dañino para los más pobres o si, por el contrario, los más pobres han tenido acceso a algún tipo de mecanismo de protección que les ha permitido mantenerse en la misma posición en la distribución del ingreso.

Ilustremos el caso venezolano reciente con los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida en Venezuela (Encovi), entre los años 2013 y 2016 [3]. El primer resultado que salta a la vista es que, en promedio, la tasa de crecimiento del ingreso real promedio de los venezolanos es de -57,8%. Es decir, el poder adquisitivo de los ingresos de la familia venezolana se redujo a menos de la mitad en tres años: una caída de proporciones gigantes. Pero la pregunta relevante para este texto es: ¿Ha sido la contracción económica de los últimos años desproporcionadamente más negativa para los más pobres? De acuerdo con el análisis del sesgo pro-pobre del (de)crecimiento venezolano, la respuesta es sí, y en mucho.

Si bien la contracción de ingresos ha sido generalizada para todos los niveles de ingreso entre 2013 y 2016, los resultados indican que mientras más pobre es el hogar, peor fue la caída del ingreso sufrida. Véase por ejemplo el gráfico anexo.

En la gráfica se muestra el (de) crecimiento del ingreso real sobre los deciles del ingreso, es decir, dividiendo en 10 partes iguales la muestra, con el decil 1 como el más pobre y el decil 10 como el más rico. Al comparar cada decil con la caída promedio de la economía entre 2013 y 2016, se concluye que la crisis reciente ha tenido efectos distributivos profundamente regresivos. Los deciles más ricos de la distribución mejoraron relativamente frente al promedio del ingreso. De hecho, el ingreso del decil más rico resultó 26% mejor con respecto al promedio que el ingreso del decil más pobre. Todos hemos caído, pero unos han caído más que otros.

De la Venezuela de Maduro quedará no solo un país en ruinas económicas, con las condiciones de vida de sus ciudadanos en niveles paupérrimos, sino que también heredaremos un deterioro masivo en los indicadores de equidad de la sociedad, con todas las implicaciones que ello tiene para el funcionamiento de la economía y la gobernabilidad democrática.

Desde que Simón Kuznets en los años cincuenta postuló su conjetura sobre la relación entre el estadio de desarrollo económico y la desigualdad, al argumentar que son más equitativos los países más pobres y los más ricos, mientras que los países de ingreso medio son más desiguales, la llamada curva de Kuznets [4], mucho se ha escrito sobre los efectos de la equidad sobre el desarrollo.

El tema es objeto de intenso debate global. Branko Milanovic, uno de los líderes de la discusión académica actual sobre el tema, nos recuerda que la desigualdad importa mucho y por más de una razón[5]. De las razones de Milanovic, la que me parece más relevante para Venezuela en este momento es que la desigualdad importa para la gobernabilidad política de los países. Si bien se puede argumentar que algunos tipos de desigualdad pueden ser positivas para el desempeño económico (por ejemplo, la desigualdad debido al esfuerzo diferencial de las personas), también se puede afirmar que la desigualdad nunca es buena para la democracia.

Las desigualdades económicas tienden a tener expresiones políticas que defienden la perpetuación de esas diferencias. Piense un momento el lector de dónde provienen las desigualdades económicas que estamos observando. Piense si esas diferencias son producto del esfuerzo diferencial de las personas o de otros factores. Entonces piense en el tipo de expresión política que será apoyada por esta nueva “élite económica” en el futuro. Es fácil creer que existe una relación directa entre la desigualdad de hoy y las condiciones de la gobernabilidad democrática de mañana.

De la anterior premisa se desprende el punto central de estas líneas: La evidencia indica que la debacle económica venezolana tiene connotaciones profundamente regresivas y que el legado de este período será, entre otras muchas cosas, una sociedad mucho más desigual. El tema es importante, no solo porque esta desigualdad tiene connotaciones muy injustas (si tomamos la definición Rawlsiana del término), sino que esta desigualdad podría estar creando la base política de los enemigos de la democracia en el futuro.

Urge forjar un nuevo consenso social para lograr la redefinición de políticas de Estado, para retomar cuanto antes el crecimiento económico y estabilizar la economía, y por esa vía, habilitar la recuperación sostenida de los ingresos de los más pobres y las clases medias depauperadas. Esa será la única vía para mitigar el cuadro de profunda desigualdad que heredaremos de este período. Ese es el reto que tenemos por delante. Es un reto económico, pero también un reto político y de gobernabilidad.

(Texto aparecido originalmente en el portal Prodavinci.com el 07-07-2017)

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[1]Ravallion, M. and Chen, S. (2003). Measuring pro-poorgrowth. EconomicsLetters 78 (2003) 93–99.

[2]Kraay, A. (2004). WhenIsGrowth Pro-Poor? Cross-Country Evidence. International MonetaryFundWorkingPaper. WP/04/47.

[3]La Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) es una encuesta de hogares, con un módulo de ingresos familiares similar a la oficial Encuesta de Hogares por Muestreo del INE, un diseño muestral aleatorio y estratificado, representativa a nivel nacional, realizada por un consorcio conformado por las universidades Central de Venezuela (UCV), Católica Andrés Bello (UCAB) y Simón Bolívar (USB).

[4]KuznetsSimon, (1955). “EconomicsGrowth and IncomeInequality”, American EconomicReview, vol. 45, no. 1, mar., pp. 1-28.

[5]Ver por ejemplo: https://www.theguardian.com/inequality/2017/may/02/higher-inequality-move-away-from-democracy-branko-milanovic-big-data.

Sobre la congelación general de precios

La congelación general de precios es, a lo que queda de la economía, lo que la Constituyente Comunal es a lo que queda de la democracia. Habría que decir para empezar que el anuncio del gobierno de congelar todos los precios de la economía ha pasado relativamente desapercibido, cosa muy lógica frente a la atención que ha recibido la amenaza de derogar por medios no democráticos la Constitución de 1999, pero no es un anuncio no grave.

A riesgo de ser reiterativo hay que repetir el mantra sobre los controles de precio: todos producen escasez, mercados negros, incentivos al arbitraje y destrucción de producción local. Los controles de precios son una máquina de producir miseria entre la población en general, particularmente entre la población más pobre, que en teoría son los que los controles buscan proteger. El caso de la congelación general de precio es más grave aún, pues la medida amenaza con crear mercados negros donde no los había, y destruir lo poco que queda en pie.

La decisión de suprimir por decreto el sistema de precios de la economía, amenaza con demoler los espacios donde la economía de mercado todavía persiste en una forma más o menos funcional. En Venezuela todavía subsisten pequeños espacios donde el sistema de precios funciona. Tome, por ejemplo, el caso de la proliferación de pequeños mercados temporales para productores de frutas, hortalizas, queso, huevos, entre otros productos, que florecen en las principales ciudades del país. Estos mercados están relativamente bien abastecidos, por lo que son una respuesta parcial y sub-óptima, si se quiere, a la grave situación de abastecimiento en las zonas urbanas, a pesar de que sus precios resultan demasiado altos para la mayoría. Gracias a estos mercados, una pequeña capa de pequeños productores se mantiene operando, empleando e invirtiendo. La economía de mercado es como un río: uno puede invadir su cauce, pero el agua siempre lo retoma.

Este naufragio llamado chavismo haría bien en revisar la historia, si no para no repetirla, al menos para buscar formas originales de fracasar. En Marzo del año 2007, el Presidente Robert Gabriel Mugabe decretó una congelación general de todos los precios, tarifas y comisiones de Zimbabwe. La medida fue acompañada por una exhortación al pueblo para actuar como fiscales de precios y asegurarse de que se cumpliese la congelación. La medida también aumentó las penas legales para aquellos que optaran por ignorar la congelación de precios. El resultado de esta desquiciada política fue miles de empresarios y comerciantes detenidos (7.500 reporta la prensa para agosto de 2007), y ningún efecto sobre la evolución de los precios: la inflación, que el año anterior había alcanzado 1.280%, cerró el año 2007 en 66.200%.

En 1927, cuando el proceso sistemático de destrucción de los contrapesos constitucionales al poder del Partido Fascista, se inició la era de la Dictadura fascista corporativa italiana. En términos económicos, una de las primeras medidas del Dictador Benito Mussolini, fue también imponer controles de precios generalizados, y crear policías del partido fascista para hacer cumplir las regulaciones. El saldo de esta medida fue el mismo de siempre: los controles no pudieron frenar la inflación y dañaron gravemente a los productores. Todos sabemos además cómo terminó el experimento fascista y su líder.

(Texto aparecido originalmente en el portal Prodavinci.com el 03-05-2017)

3 argumentos que dan la razón a la oposición al denunciar a Goldman Sachs

La posición pública de los principales voceros de la oposición y, particularmente, la carta que dirigió el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, a Lloyd Blankfein, director ejecutivo de Goldman Sachs —denunciando en los términos más categóricos la transacción de venta a descuento por parte del Banco Central de Venezuela (BCV) sobre un bono de PDVSA por 2.800 millones de dólares—, ha despertado una ola de reacciones en Venezuela y en algunos centros financieros globales.

La oposición política venezolana ha denunciado categóricamente la operación de liquidación del bono PDV22; ha relacionado el hecho con las masivas violaciones de derechos humanos en Venezuela y ha puesto en entredicho la legalidad de la transacción, reservándose para sí una posible revisión de la misma en el futuro.

Para mi sorpresa, las críticas más virulentas a este hecho han venido de círculos más o menos sofisticados, de gente bastante sagaz e informada. A Borges lo acusan de “ingenuo”, de no conocer “el funcionamiento del mercado” o de ser una especie de santurrón que “no sabe que hablar de ética en finanzas es inútil”. De nuestros vivaces analistas y colegas leí cosas insólitas como que la oposición va a lograr que Goldman Sachs “atornille por siempre a Maduro en Miraflores”, o que lo que verdaderamente pasó fue que “el BCV fregó a Goldman Sachs al venderle papeles que no valen nada”.

En ese grupo hay de todo. Desde los que hablan de buena fe, pero desconociendo que hay fundadas razones económicas para la conducta del liderazgo opositor, hasta los que hablan desde la distancia, el resentimiento, el conflicto de interés, o una mezcla de todas las anteriores.

Pero no se distraiga el lector del punto central de estas líneas: existen muchas razones para afirmar, incluso desde la ortodoxia económica, que la oposición hace lo correcto al denunciar la transacción BCV-Goldman Sachs. Es más, se puede afirmar que dada su posición actual, sería absurdo no hacerlo.

Vayamos al grano. Existen al menos tres razones para afirmar que Borges, como vocero de la Asamblea Nacional, actúa correctamente al tratar de elevar el costo reputacional de Goldman Sachs y al Banco Central de Venezuela por la operación de marras.

La primera razón tiene que ver con el hecho de que esta historia no termina aquí. Esta transacción se enmarca en algo que en teoría de juegos se llamaría un juego repetido, donde ninguno de los jugadores tiene control total sobre el resultado final. En un juego repetido la reputación es fundamental y es por esto que las fuerzas democráticas venezolanas hacen bien en señalar a GS (y al resto de Wall Street) que ellos serán los que determinen (al menos parcialmente) la matriz de pago en el futuro. Claro, si GS supiera con certeza cuál es el resultado final, la amenaza no sería creíble, pero éste no es el caso.

La segunda razón tiene que ver con la existencia de una amenaza latente. Nuestros iluminados analistas deberían saber que existe en el sistema financiero local al menos otro bono similar, también denominado en dólares, y dado en emisión privada a un banco público por un monto de 5.000 millones de dólares con vencimiento en 2036. Dicho bono debe estar listo para ser liquidado por el BCV a precios de gallina anoréxica, lo cual, qué duda cabe, resultaría en un grave daño para la Nación.

Evitar a toda costa la liquidación de este bono está en el máximo interés de una oposición que aspira a ser gobierno en el futuro cercano. Como explicaba en mi anterior artículo, en el momento que ese bono salga de las arcas del sector público, se producirá un deterioro profundo en la posición financiera del Estado venezolano y un aumento en el ya imposible servicio de deuda, lo cual pondría en riesgo las propias probabilidades de la oposición para estabilizar con éxito la economía en el futuro.

La tercera y última razón tiene que ver con que existe la probabilidad de que en el futuro de Venezuela vaya a un proceso ordenado, negociado, transparente y amistoso de negociación de su deuda externa. Si este proceso se da mañana, la oposición está en la obligación de señalar hoy la opacidad legal de todas las artimañas financieras que se han cometido desde que el chavismo no controla la Asamblea Nacional. De hecho, señalar hoy, a viva voz, toda posible irregularidad es la estrategia dominante de la oposición con miras a ese proceso, pues fortalece su posición negociadora en el futuro.

Por supuesto que hay una dimensión ética de todo este asunto, que a mí no me parece que sea la determinante. Pero sepa el lector que aunque en la práctica la oposición está hablando de ética, lo hace con el respaldo de tener sólidos fundamentos económicos para pensar que actúa correctamente.

Venezuela tendrá que enrumbarse, más temprano que tarde, hacia un proceso de estabilización y reformas que la lleve a recuperar rápidamente las condiciones materiales de vida de su maltrecha población. Recuperar un crecimiento vigoroso y sostenido, de la manera más rápida posible, solo será posible si el país cuenta con acceso masivo y sin restricciones a todas las fuentes posibles de financiamiento, incluyendo a los mercados financieros internacionales.

Pero desconfíe de quien diga que necesariamente la oposición tendrá que acudir a Wall Street, arrastrándose e implorando clemencia, pues probablemente hable desde el conflicto de interés. Existe talento y probidad suficiente en Venezuela para que, llegado el momento, se pueda enfrentar cualquier proceso de negociación ordenado, transparente y amistoso, con posiciones técnicamente sólidas y genuinamente nacionalistas.

(Texto aparecido originalmente en el portal Prodavinci.com el 31-05-2017)

El BCV, Goldman Sachs y el polémico bono: pateando el cadáver de PDVSA

A mediados de octubre de 2014, en una operación que involucró solo intercambio de bolívares en una triangulación con el Banco de Venezuela, Petróleos de Venezuela (PDVSA) emitió un bono denominado en dólares americanos por la cantidad de USD 3.000 millones. PDVSA no recibió ni un solo dólar de esta operación. El bono, denominado en divisas pero pagado en bolívares, fue adjudicado en su totalidad al Banco Central de Venezuela (BCV), que desde entonces lo contaba dentro de sus activos.

Al principio nadie sabía con certeza cuál era la verdadera intención de esta emisión. En su interpretación más laxa, era una manera de “fortalecer” la posición del BCV en moneda extranjera, forrando su balance de estos activos denominados en dólares, pero que en realidad contablemente no pueden considerarse parte de las reservas internacionales.

Hoy sabemos que esta no era la intención.

La prensa internacional anunció ayer que el BCV, a través de un intermediario, decidió liquidar este papel con un descuento de 69%, recibiendo a cambio USD 865 millones por un bono cuyo valor facial es de USD 2.800 millones. El bono es comprado por una institución financiera internacional de primera línea, lo cual sorprende, a un precio de recuperación de bonos basura, lo cual no sorprende, dado el estado del naufragio económico de la revolución chavista.

En nuestra opinión, la operación produce un daño severo al ya precario estado financiero de PDVSA. Creemos que se equivocan los colegas que sostienen que la operación es “neutral” para PDVSA “porque esta deuda aparecía en sus balances desde 2015”. Tal afirmación puede ser cierta desde el punto de vista contable, pero no lo es desde el punto de vista económico y fiscal.

Desde el punto de vista económico, y como consecuencia del principio de unicidad del tesoro público, toda deuda pública que repose en manos de otro ente público, no constituye una carga financiera efectiva más allá de los asientos contables. Ese bono en manos del BCV tenía un impacto nulo desde el punto de vista del sector público en su noción más amplia. En cambio, en el momento en que dicho bono pasó a manos de Goldman Sachs, inmediatamente se empeoró la posición financiera neta del Sector Público, aunque no tenga impacto en el balance de PDVSA.

Cuando decimos que empeoró la posición del Estado venezolano, nos referimos a que el servicio de la deuda externa se hizo mucho peor con esta operación porque salió de las manos de un ente del Estado.

La operación tiene un agravante: PDVSA no recibió, ni antes ni ahora, un solo dólar adicional producto de esta transacción, lo cual viola los más elementales principios de prudencia financiera y operativa que dictan que la deuda debe adquirirse con principios reproductivos, es decir, para fortalecer hoy la capacidad de producir los dólares que permitirán pagar mañana esa deuda.

Por lo anterior puede afirmarse con certeza que la operación utiliza deuda vieja, para dar un nuevo golpe a las maltrechas finanzas de la industria petrolera. Venezuela está peor, enfrentará un servicio de deuda más oneroso, y no verá aliviar ninguno de los males que hoy la aquejan.

En un capítulo más de esta conducción económica desquiciada con la que el chavismo ha enfrentado su crisis de liquidez, el Estado-PSUV decide seguir dándole patadas al cuerpo ya moribundo de PDVSA.

Por último, una nota sobre Goldman Sachs, el banco de inversión que compró los bonos de PDVSA con descuento. No cabe duda de que es una operación rutinaria para un agente financiero que busca obtener rendimientos acordes con los riesgos que asume. No es menos cierto que es fútil pensar que las implicaciones éticas tienen algún peso en las decisiones económicas en general, y en el mundo de las finanzas internacionales en particular. Pero también es cierto que Goldman Sachs y el resto de Wall Street debe saber que esta línea de oxigeno que le otorga esta operación a la dictadura venezolana, implica la prolongación en el tiempo de un esquema de políticas que en este momento solo implican, por un lado, hambre, enfermedad, muerte y represión para 30 millones de venezolanos, mientras por el otro, acceso a oportunidades de captura de rentas mil millonarias para una élite enquistada en el poder.

Para nosotros los venezolanos, enfrascados en este momento en una lucha existencial por la dignidad y la democracia, cualquier acción como la de Goldman Sachs, que le oxigene al régimen resulta, por lo menos, una acción odiosa e inamistosa, y constituye un riesgo reputacional para una institución de clase mundial.

No podemos hablar por la oposición política venezolana, a quién no represento de ninguna manera, pero es bueno que el mundo vea las cosas en perspectiva e incorpore en sus decisiones el hecho de que más temprano que tarde, el péndulo cambiará y los que hoy protestan estarán al frente del Gobierno de Venezuela.

(Texto aparecido originalmente en el portal Prodavinci.com el 29-05-2017)

Las mujeres en el mapa de la pobreza

(A propósito del Día Internacional de la Mujer).

Si las cifras que se manejan tras bastidores son ciertas, entre 2013 y 2016 Venezuela experimentó la mayor y más abrupta contracción económica de su historia moderna. Y que esto haya ocurrido en tiempos de paz y sin desastres naturales es una tragedia de grandes magnitudes.

Para cualquiera que camine por las calles de alguna población venezolana resultan evidentes los efectos de esta debacle. La inflación, la escasez y el desempleo pulverizaron las condiciones materiales de vida, con el agravante de que esta caída ocurre en un momento de paralización total del aparato del Estado. En el mundo moderno, los estados proveen una red de protección social mínima para atajar a sus ciudadanos más vulnerables en caídas como ésta. En la Venezuela chavista, en cambio, el peor choque de la historia nos alcanza sin políticas compensatorias, sin instrumentos de mitigación para los más vulnerables, sin servicios sociales básicos: El “estado de bienestar” chavista, del que tanto se jactan los que mandan, se volvió polvo cósmico.

En ausencia de información oficial detallada, resulta difícil entender la verdadera magnitud y profundidad del daño ocasionado a las condiciones de vida de los venezolanos, sobre todo porque la pobreza tiene una dimensión territorial que escapa a los promedios nacionales. Recientemente lideré un grupo de investigación que logró estimar, a partir de datos oficiales, un perfil socio-económico de cada una de las unidades territoriales del país, incluyendo sus 24 estados, 335 municipios y 1125 parroquias. Se trata, en definitiva, de un mapa de la pobreza que nos permite estimar que existen más de 20 parroquias con tasas de pobreza del 100%, y que hay más de 3 millones de personas pobres en las 30 parroquias urbanas más pobladas del país. Por ejemplo, en la parroquia General Urdaneta del municipio Baralt, en el estado Zulia, se calcula que hay 9.788 personas pobres.

En cualquier caso, estas cifras abundan sobre la información aportada por otras fuentes: en Venezuela las tasas de pobreza y pobreza extrema se han disparado hasta niveles sin precedentes. Y a propósito de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, vale señalar que son las mujeres venezolanas las que están llevando la peor parte de esta tragedia.

Sepa usted, lector, que en Venezuela la tasa de pobreza femenina es más alta que la de los hombres. Nuestra estimación indica que existen aproximadamente 350.000 más mujeres pobres que hombres pobres, es decir, la pobreza no es igualitaria y afecta desproporcionadamente más a las mujeres. En Venezuela, 4 de cada 10 hogares tienen a una mujer como jefa, en su gran mayoría sin cónyuge o compañero. La tasa de pobreza en hogares comandados por mujeres es superior en 6 puntos al promedio del país, mientras que la diferencia se incrementa en hogares encabezados por mujeres solas con hijos pequeños.

El problema de la pobreza afecta desproporcionadamente más a las mujeres debido a inequidades de género, en particular, a las barreras que enfrentan para acceder a la generación de ingresos autónomos. Las mujeres en Venezuela (y en todas partes) participan menos en el mercado laboral, y cuando lo hacen, tienden a ganar salarios menores a los de los hombres por trabajos equivalentes. Según cifras oficiales del INE, la tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral es casi 30 puntos menos que la de los hombres. Esta brecha es la mayor en el subcontinente, con el agravante que esa tasa ha caído desde el año 2003, como lo señala una investigación reciente de un economista venezolano[1].

El hecho de que la proporción de hogares comandados por mujeres sea tan alta agrava la existencia de brechas salariales y de su participación laboral. En Venezuela las mujeres son un factor indispensable en la provisión de ingresos para el hogar, que corresponde en promedio a más de 43% del ingreso total de las familias, a pesar de las desventajas que enfrentan para trabajar.

Y aquí el punto central de esta reflexión: en esta Venezuela depauperada, la lucha por la igualdad de salarios, la participación laboral, el empoderamiento y la autonomía de las mujeres es, hoy más que nunca, la lucha contra la pobreza y el envilecimiento de las condiciones de vida material de los hogares venezolanos. La persistencia de desigualdades de género hace más vulnerables a las mujeres al fenómeno de la pobreza, y a su vez empeora la pobreza en general.

Las desigualdades de género provienen de diferencias socialmente construidas, y por lo tanto son susceptibles a ser modificadas mediante políticas que propicien una distribución más igualitaria de recursos, condiciones laborales y acceso a oportunidades para las mujeres. Aprovechando el Día Internacional de la Mujer, vale recordar la intención de estas líneas: no existe solución al problema de la pobreza en Venezuela que no pase necesariamente por aplicar una perspectiva de género a las políticas públicas.

(Texto aparecido originalmente en el portal Prodavinci.com el 13-03-2017)

Racionalidad, Moralinas y la cola de EPK

Venezuela tierra de lindas playas, beisbolistas y liberales que abominan del Homo Economicus sobre bases morales.

En víspera de Navidad el gobierno venezolano cargó de nuevo contra una compañía privada venezolana, una de notable éxito internacional y buena reputación: la cadena de tiendas especializadas en ropa infantil EPK. El aparato burocrático-policial intervino las operaciones de la cadena, obligándola a vender a precios ficticiamente bajos y produciéndole una pérdida irreparable. Para qué quede muy clara mi posición: el hecho me parece abominable y merecedor todo nuestro repudio, es una dosis adicional de esta tóxica mezcla de incompetencia, maldad e ideología que es el chavismo, que tiene a este país en la lona y ciudadanos comiendo de la basura.

El episodio de EPK encendió la indignación de nuestra reducida y maltrecha esfera pública nacional. La mayoría, para mi sorpresa, destiló una rabia que iba dirigida mucho más hacia la gente que se lanzó a la calle a sacar provecho de los efectos de la arbitraria medida, mientras muy pocos se enfocaban en el verdugo que la tomó. Aquel día llovieron monsergas del tipo “esa cola es expresión del fracaso moral” de este país, y cosas por el estilo.

Lo primero que habría que decir es que no tengo interés alguno en certificar la calidad moral de los que hicieron cola en EPK, probablemente algunos de ellos son terribles personas. También hay que decir que hay una dimensión de su conducta que, en efecto, puede ser evaluada en el plano moral, como toda acción humana, pero creo que enfocarse en ese “juicio moral” enturbia la comprensión del fenómeno y nos lleva a un debate que, en mi opinión, es estéril e improductivo. Entiendo la muy humana necesidad de sentirse por encima de este pantano que va dejando el chavismo, pero estoy convencido de que es una discusión profundamente inútil.

El episodio de EPK, notorio por lo visible y reciente, no es distinto a lo que tres lustros de controles de precios chavistas han infringido sobre el sector privado: forzar a un productor a vender su producción a niveles ridículamente bajos, es exactamente lo que ha venido haciendo el gobierno con otros rubros, desde lavaplatos hasta harina de maíz. Y en todos los casos el efecto es el mismo: una estructura de precios incompatibles con los costos de los productores da como resultado colas para comprar, desincentivos para producir, y oportunidades de arbitraje de precios.

En todos los casos se cumple la máxima económica: la gente, en general, responde a los incentivos que se le presentan. Si hemos de enfocarnos en un juicio moral sobre la cola de EPK, yo lo haría sobre la bancarrota moral que significa un gobierno que diseña los incentivos perversos que, para producir ganancias de bienestar de corto aliento sobre individuos, llevan a la quiebra al sector privado. Desde el punto de vista económico, lo que uno observa es la respuesta de la masa a un cambio –arbitrario, dictatorial, ilegal- a las condiciones del “mercado”. Cómo dice un economista amigo, uno podría darle connotaciones morales a la pendiente negativa de la curva de demanda, pero es inútil. 

Tampoco es que es la primera vez que el gobierno chavista toma una medida económica que hace que ciudadanos tomen decisiones que, siendo racionales, pueden resultar moralmente cuestionables. La historia de los últimos 17 años está llena de nefastas políticas públicas, oportunidades arbitraje y ganancias individuales en detrimento de terceros. Ahorrémonos la moralina, comparemos por ejemplo las implicaciones de la cola de EPK versus la cola de traders que arbitraron con bonos soberanos denominados en USD pero pagaderos a la tasa de cambio oficial de 4,30.

Pudiera ser un poco injusto, eso sí, decir que hacer la cola de EPK es equivalente al provecho que saca el ciudadano promedio a las políticas de subsidios y controles generalizados, como los controles de precio de la gasolina o el control de cambios a través de Cadivi. Al fin y al cabo pudiera ser cierto que hay algo de inevitabilidad de la elección individual, por aquello de “yo no tengo forma de poner gasolina a otro precio” o “no hubo otra forma legal de comprar dólares”. Tal vez sea una cuestión de grados, pero la naturaleza es la misma.

Se dice también que en el caso de EPK la víctima es un empresario venezolano con nombre y apellido, lo cual es cierto. Lo anterior da para la reflexión sobre cuál es la víctima de las siniestras políticas de subsidio generalizado, pues no es otra que nuestros difusos, pero no menos importantes, intereses colectivos: las finanzas públicas, la provisión de servicios básicos, el equilibrio externo, el medio ambiente, la producción nacional, etc. No deja de ser descorazonador que los victimarios piensen que es menos malo si la víctima somos todos. Esas políticas las terminaron pagando los más vulnerables, los que hoy se enfrentan al abismo económico sin herramientas para enfrentarlo y sin un Estado que le provea una mínima red de salvación.

Decía que puede haber grados, pero que lo que si no se puede negar es que el mecanismo económico que opera en un caso u otro es de la misma naturaleza. Si la cola de EPK es la respuesta de “demanda” ante un precio forzadamente puesto a nivel ficticiamente bajo, también es lícito pensar que esa “demanda” por ese Iphone5 que se compró en 2013, por ese viajecito a Europa de 2012, o por esa universidad extranjera donde estudió su hijo, o la “demanda” por 52 tanques de gasolina que le pone a su camioneta al año, tal vez, solo tal vez, no hubiera sido la misma “demanda”, si el gobierno no forzara algunos precios a permanecer a un nivel también ficticiamente bajo. Piénselo.

Lo cierto es que en todos los casos, sean epkeros, cadiveros o traders, se trata de gente respondiendo de forma racional a incentivos perversos. En todos los casos una evaluación de la dimensión moral de esas conductas, sin ser incorrecta, me parece –repito- estéril e improductiva. Es un debate estéril porque no queda una implicación práctica, de ese fútil ejercicio de dividir a la gente entre buenas y malas no queda algo que nos ayude a navegar el futuro. Los estados, las instituciones, las reglas y las políticas existen, precisamente, para no tener que depender exclusivamente de la poco fiable “conciencia” de la gente. Creer que se puede obtener resultados económicos deseables, basados solamente en la “conciencia moral” de las personas, sin la estructura de incentivos adecuada, es exactamente el postulado socialista del “hombre nuevo”, estúpida formulación con inevitables resultados trágicos, como cualquier venezolano puede atestiguar.

Es un debate improductivo porque desvía atención de los verdaderos responsables: los que hacen las políticas, diseñan los incentivos e implementan estas criminales acciones: el gobierno chavista. El debate de los atributos morales de la cola de EPK diluye las culpas en una difusa colectividad, llevándonos a una suerte de determinismo cultural de lo “malo” que es el venezolano, ejercicio de verdadera holgazanería intelectual que es utilizado a diestra y siniestra como una especie de respuesta-comodín, pero que es una respuesta incorrecta y falsa para explicar lo que pasa en Venezuela (o en cualquier parte).

El punto central es que la gente es simplemente gente, y responde a incentivos. Saberlo nos permite liberarnos de esos prejuicios que, en estas horas oscuras, están a la orden del día y en boca de todos. No creo en el patrioterismo ni soy dado a las cursilerías celebratorias del hecho aleatorio de nacer sobre un territorio, no soy de los que crea que haya nada particularmente bueno, o chévere sobre el “ser venezolano”, pero tampoco creo que haya algo particularmente malo sobre serlo. Simplemente creo que no somos ni mejores ni peores que otras sociedades, las experiencias de países que progresan económica y socialmente son tan diversas que son en sí mismo prueba de que la “superioridad moral” no es un factor que explique el desarrollo. La gente es gente, en todas partes, y si cambian los incentivos, cambia el  comportamiento. En Suecia, Maicao o Santa Cruz de la Sierra.

Pensar de esta manera, por cierto, es lo único que nos permite aspirar a un país distinto, es lo único que nos permite guardar la esperanza de que si construimos un andamiaje distinto, obtendremos resultados distintos, en este territorio, con estos mismos ciudadanos. Qué el 2017 nos sea un poco más leve a todos.